Alertan sobre criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 23 de octubre de 2026.- La criminalización de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas que defienden el territorio representa uno de los principales factores de riesgo en Yucatán, advirtió Hugo Arriola, integrante de Espacio OSC, al presentar datos sobre las agresiones documentadas en la entidad y la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento y protección.

Como parte de los esfuerzos para visibilizar esta problemática, integrantes del Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta y de Espacio OSC promueven espacios de articulación entre periodistas, organizaciones civiles y personas defensoras, con el objetivo de compartir información, identificar riesgos y generar acciones conjuntas.

Arriola explicó que, de acuerdo con los registros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en Yucatán se contabilizan 37 personas beneficiarias desde su creación: 12 mujeres y 25 hombres. De ese total, 26 son personas defensoras de derechos humanos y 11 son periodistas.

Asimismo, citó datos de Artículo 19, organización integrante de Espacio OSC, que documentó 12 agresiones contra periodistas en Yucatán durante 2025. Cinco estuvieron relacionadas con abuso de poder público; cuatro, con ambientes hostiles para el ejercicio periodístico; dos, con restricciones en línea para retirar contenidos, y una correspondió a una agresión física.

Según lo expuesto por Arriola, Artículo 19 identifica entre los principales presuntos responsables de estas agresiones a integrantes de las fuerzas de seguridad pública, particularmente policías municipales y estatales.

El representante de Espacio OSC también recordó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental identificó a Yucatán, en su informe anual de 2021, entre las entidades más peligrosas para la defensa del territorio y el medio ambiente. En ese año, la organización contabilizó 10 eventos de agresión contra personas defensoras ambientales.

Aunque señaló que en la entidad no existen registros amplios de agresiones letales contra estos sectores, sostuvo que esto no significa que estén exentos de riesgos.

“Identificamos la criminalización como el factor principal en la región sin embargo  la deslegitimación, la desacreditación y la estigmatización pueden generar condiciones que precedan a agresiones físicas e incluso letales", afirmó.

Por ello, subrayó que la violencia contra periodistas y personas defensoras no debe analizarse únicamente a partir de las agresiones físicas, sino también desde las campañas de desprestigio y las acciones que buscan restar legitimidad a su trabajo.

Arriola explicó que otra de las prioridades de la campaña es dar a conocer la existencia de la plataforma protegeladignidad.com.mx, mediante la cual se busca visibilizar las políticas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tanto en el ámbito federal como en el local.

Señaló que, aunque el mecanismo federal presenta áreas de oportunidad, dificultades burocráticas y aspectos que pueden mejorarse, continúa siendo una herramienta necesaria para quienes enfrentan amenazas o agresiones relacionadas con su labor.

“El mecanismo tendrá sus cuestionamientos de personas beneficiarias, pero también hay que decirlo: ha salvado vidas”, expresó.

En el caso de Yucatán, indicó que no existe un mecanismo estatal de protección, por lo que las situaciones relacionadas con agresiones y ambientes hostiles deben canalizarse a través de la instancia federal. 

Añadió que la difusión de la plataforma también busca que las personas conozcan las herramientas disponibles para solicitar protección, pues algunos colectivos y periodistas desconocen la existencia de este mecanismo.

Por su parte, integrantes del Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta destacaron la necesidad de generar espacios de encuentro para evitar que periodistas y personas defensoras trabajen de manera aislada frente a las problemáticas que enfrentan.

Explicaron que la creación del observatorio responde a la intención de compartir experiencias, establecer sinergias y dar mayor visibilidad a las necesidades de estos sectores en Yucatán.

Finalmente, sus integrantes reiteraron la importancia de fortalecer los procesos colectivos y ampliar el conocimiento sobre las herramientas de protección disponibles, al considerar que la organización y la colaboración entre distintos sectores son fundamentales para enfrentar los riesgos que afectan el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos.