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MÉRIDA, Yuc., 25 de mayo de 2020.- El Juez de control Kenny Martins Burgos Salazar, ratificó la legal detención de una persona acusada de los delitos de homicidio, lesiones y daño a propiedad ajena cometidos por culpa, en una audiencia celebrada el pasado domingo en la sala 1 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).
De acuerdo con la carpeta administrativa 91/2020, los hechos ocurrieron el 21 de mayo del presente año, cuando la ahora imputada transitaba como conductora de un vehículo de la marca Chrysler sobre el arroyo de la calle 64 c de la colonia Castilla Cámara, ubicada al sur de Mérida,cuando al llegar a la intersección con la calle 115 se detuvo para respetar el señalamiento de alto disco y al salir del mismo sin la precaución necesaria, colisionó con una motocicleta de la marca Suzuki de color azul en donde viajaban dos personas.
Por el impacto con el vehículo, dicha motocicleta volcó sobre el pavimento y se proyectó 10.80 metros produciendo daños materiales en los vehículos, así como diversas lesiones en el conductor y la pasajera. Por la gravedad de las heridas, esta última falleció por traumatismo craneoencefálico, tal como lo dictaminó un perito en materia de medicina forense adscrito a la Fiscalía en su respectivo dictamen de necropsia.
Ratificada de legal la detención acorde a lo establecido en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los representantes de la Fiscalía Estatal comunicaron a la detenida que iniciaron con la formulación de imputación acorde con los hechos.
Posterior a la imputación, en la misma audiencia la Fiscalía solicitó el auto de vinculación de la persona detenida, sin embargo, la defensa solicitó el término constitucional de 144 horas, por lo que el Juez notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 10 en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).
Por último, el Juez impuso las medidas cautelares a la imputada consistentes en acudir a firmar periódicamente dentro de los primeros cinco días de cada mes al Centro Estatal de Medidas Cautelares; una garantía económica de 16 mil pesos, el sometimiento y vigilancia por dicho Centro y la prohibición de salir del Estado de Yucatán, por todo el tiempo que dure el proceso penal.