Denuncian trato inhumano a pacientes en urgencias de la T1
MÉRIDA, Yuc., 1 de agosto de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivas y mujeres organizadas pidieron al Gobierno de Yucatán transparentar los protocolos de atención para adolescentes embarazadas bajo resguardo del Estado y garantizar que conozcan y puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Las inconformes emitieron un posicionamiento luego de las declaraciones del director de Casa Otoch, Walter Eduardo Mena González, quien informó que actualmente siete adolescentes de entre 12 y 17 años se encuentran en el área denominada “Binomios”, destinada a niñas y adolescentes embarazadas o que ya son madres. De acuerdo con lo expuesto previamente por el funcionario, dos ya dieron a luz y cinco permanecen embarazadas; además, señaló que algunas de ellas llegaron al centro con antecedentes de engaño, manipulación o violencia por parte de personas adultas.
Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones se refiere al caso de una adolescente cuyo embarazo fue reportado con 12 semanas de gestación, al considerar que, además de la legislación local sobre interrupción del embarazo, debe tomarse en cuenta la NOM-046-SSA2-2005, aplicable a casos de embarazo producto de violencia sexual.
"La norma establece que, a partir de los 12 años, la propia usuaria puede solicitar por escrito la interrupción del embarazo producto de una violación, sin necesidad de presentar previamente una denuncia", apuntaron.
Otro punto señalado en el documento es la afirmación de que las decisiones relacionadas con la continuidad o interrupción del embarazo corresponden a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).
Las firmantes consideran que, en los casos de embarazo producto de violación, la autoridad debe garantizar información, acompañamiento y protección, pero cuestionan que la decisión pueda presentarse como una determinación administrativa de la Procuraduría.
"En este sentido, solicitamos que la dependencia explique públicamente cuál es el procedimiento mediante el cual se valoran estos casos y cómo se garantiza que la voluntad informada de cada adolescente sea escuchada y documentada, sin revelar información que permita identificarlas", exigen.
Las organizaciones también enfatizaron que los embarazos en niñas y adolescentes deben ser abordados desde una perspectiva de violencia sexual y derechos de la infancia, particularmente cuando existen indicios de participación de personas adultas.
Entre sus peticiones, las organizaciones solicitaron al Sistema DIF Yucatán y Casa Otoch hacer público el protocolo de atención para niñas y adolescentes embarazadas bajo resguardo estatal y precisar si contempla el acceso efectivo a la NOM-046.
También pidieron a los Servicios de Salud de Yucatán garantizar consejería integral, laica y libre de sesgos sobre las distintas opciones disponibles; a la Prodennay informar sobre sus procedimientos de representación y acompañamiento; y a la Fiscalía General del Estado dar a conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles casos de violencia sexual, sin comprometer la identidad de las víctimas.
Asimismo, plantearon que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán valore iniciar una investigación de oficio y solicitaron capacitación obligatoria del personal de los centros de asistencia social en materia de NOM-046, perspectiva de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones también pidieron al Hospital O’Horán y a los Servicios de Salud acreditar que el personal que atiende a estas adolescentes cuenta con capacitación en la NOM-046 y que existen mecanismos de referencia inmediata cuando se presente alguna objeción de conciencia individual.
Finalmente las organizaciones sostienen que el resguardo estatal debe implicar una protección reforzada y no limitar el acceso de las adolescentes a información y servicios, por lo que demandaron a las autoridades aclarar públicamente cómo se están garantizando estos derechos en Casa Otoch.




