Comunidades mayas presentan denuncia contra granjas porcícolas en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 2 de septiembre de 2025.- La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), integrada desde 2024 por representantes de más de 20 localidades de municipios como Cantamayec, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz, presentó una denuncia popular y ciudadana ante instancias federales ambientales en Yucatán, indicando que el recurso también será ingresado en oficinas de la Ciudad de México.

La abogada Lourdes Guadalupe Medina Carrillo, acompañada por el abogado Jorge Fernández, explicó que la acción busca exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cumplimiento de sus obligaciones legales frente a las afectaciones ocasionadas por las granjas porcícolas en diversas comunidades.

Entre las pruebas entregadas se encuentran dictámenes oficiales emitidos en 2023, donde se reconocen impactos ambientales y sociales negativos de la industria porcícola; monitoreos comunitarios respaldados con análisis del Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la UNAM, que confirman la presencia de coliformes fecales y E. coli en pozos y hasta en agua de llave; así como un estudio de la Universidad Johns Hopkins que detectó en Kinchil y Maxcanú un marcador específico de contaminación por heces de cerdo.

“Ya no hay duda de que la contaminación es vigente y acumulativa. Las comunidades han denunciado durante años estas afectaciones y ahora contamos con evidencia científica suficiente para que las autoridades actúen”, señaló Medina Carrillo.

Las y los representantes comunitarios subrayaron que, a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal en 2023 para establecer medidas de restauración y conservación, las acciones quedaron únicamente en diagnósticos. Por ello, ahora exigen que se reactive el plan de trabajo con las comunidades y se dé paso a medidas efectivas.

De acuerdo con la abogada, la legislación vigente faculta a Profepa para promover acciones colectivas ante los tribunales y a Semarnat para presentar denuncias penales por delitos ambientales ante la Fiscalía General de la República. 

“Ya existen elementos suficientes para que estas instancias procedan legalmente contra las empresas responsables”, puntualizó.

Además de la exigencia de sanciones, la red comunitaria solicita que se garantice la reparación integral del daño ambiental y la seguridad de las personas que participan en la defensa de sus territorios, pues han enfrentado amenazas en sus poblaciones.

Con la denuncia presentada, las comunidades esperan que las autoridades federales pasen del diagnóstico a la acción, estableciendo medidas concretas para detener la degradación ambiental derivada de la industria porcícola en Yucatán.