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MÉRIDA, Yuc., 12 de julio de 2020 .- Jorge Alberto Burueli Gómez, un joven de 25 años con discapacidad psicosocial, fue privado de su libertad luego de que civiles lo detuvieron arbitrariamente en la Ciudad de México y desde el año pasado enfrenta en prisión un proceso penal “plagado de irregularidades”, denunció el Instituto de Justicia Procesal Penal.
A través de una conferencia de prensa en línea, el padre del joven expuso que el pasado 17 de mayo de 2019, entre 9 personas golpearon y privaron de su libertad a Jorge, quien desde ese momento comenzó su transitar por el sistema de justicia mexicano, en un proceso lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
Autoridades informaron a la familia que Jorge había sido detenido por narcomenudeo, proceso por el que fue liberado, pero poco después fue detenido de nueva cuenta por civiles y llevado a la Fiscalía de Tlalnepantla, Estado de México, donde la dependencia inició un proceso en su contra por el delito de homicidio calificado.
Si bien, la detención extrajudicial está documentada en video por las cámaras de seguridad, cuya autenticidad fue dictaminada, y contradice la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. “En los traslados y en su periodo de privación de libertad, fue víctima de tortura, fue sometido por las autoridades y la falta de consideración a su discapacidad generaron una situación psicoemocional crítica”, detalló Ricardo Pérez, integrante del equipo jurídico de defensa.
Puntualizó que Jorge Alberto está privado de libertad en la prisión de Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, y resumió las irregularidades procesales, como la de que no hay delito en flagrancia ni orden de aprehensión, no le dieron a conocer sus derechos ni el motivo del arresto, y violaron su presunción de inocencia.
Por su parte, Víctor Lizama Sierra, facilitador de justicia del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, AC, recalcó que es necesario el reconocimiento de la discapacidad con enfoque de derechos humanos y que México ha firmado y ratificado la Convención mencionada, la cual está a la par de la Constitución y en su Artículo 13 consagra el derecho de acceso a la justicia.
Para finalizar la conferencia, el abogado Ricardo Pérez recordó el Comunicado que 74 activistas y organizaciones de la sociedad civil dirigieron el jueves a las y los jueces de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y a los jueces de Distrito en Naucalpan de Juárez, para que reconozcan la discapacidad de Jorge Alberto y le brinden un juicio justo, en igualdad de condiciones y en estricto apego a sus derechos humanos.