Denuncian posible omisión de justicia en caso de violencia vicaria

MÉRIDA, Yuc., 21 de mayo del 2025.- El caso de Lucia ha generado profunda preocupación por la posible omisión de justicia en Yucatán, dos versiones encontradas sobre su custodia han encendido el debate sobre la violencia vicaria, el uso institucional del poder judicial y la protección de la niñez. 

Éricka Contreras y Mauricio Efraín Estrada Pérez —madre y padre de la menor, respectivamente— sostienen posturas contrarias, con señalamientos que involucran denuncias de abuso sexual infantil, agresiones institucionales, omisiones por parte del Estado y una alerta Amber desactivada por orden judicial.

 Éricka Contreras por un lado ha denunciado públicamente que teme por la vida de su hija. Señala que, desde los primeros días de nacida, el padre expresó amenazas que vinculan a la menor con formas de daño indirecto hacia ella, y que, desde agosto de 2023, Mauricio Efraín retuvo a la niña durante una convivencia, impidiendo su regreso y violentando el acuerdo de custodia. Desde entonces, según ha relatado Éricka, se han interpuesto denuncias ante diversas instancias, incluyendo la Alerta Amber y solicitudes al DIF, sin que estas hayan prosperado a su favor.

Por otro lado, Mauricio Efraín sostiene que la menor fue víctima de abuso sexual dentro del entorno materno. 

En rueda de prensa realizada este miércoles, afirmó que, durante el periodo vacacional, Lucía habría narrado los presuntos hechos y que él acudió de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE). Presentó su testimonio, respaldado por evaluaciones psicológicas y médicas efectuadas por personal del Centro de Justicia para las Mujeres, la Prodenay y peritos acreditados. 

“Tras múltiples diligencias judiciales, una jueza familiar me otorgó la custodia y una orden de protección a favor de la niña”, señaló.

De acuerdo con Mauricio Efraín, la respuesta institucional a su denuncia fue dilatoria y contradictoria

 “A pesar de los peritajes y valoraciones que acreditarían los hechos narrados por mi hija, la FGE decidió cerrar la carpeta de investigación, instrucción que, provino de niveles superiores dentro del aparato estatal.”, aseguró.

También denunció la presunta manipulación de procedimientos legales en su contra, como citatorios exprés, audiencias programadas con plazos inusuales y la activación de una alerta Amber que, según resoluciones judiciales, carecía de fundamento.

 El padre sostiene que la menor fue escuchada en múltiples espacios judiciales y que las pruebas son contundentes. Argumenta que la insistencia en revocar la custodia busca devolver a la niña a un entorno que ella misma ha señalado como peligroso. 

Contreras, por su parte, acusa una omisión sistemática del Estado para proteger a Lucía y se ha pronunciado en diversos espacios públicos —incluyendo el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados— exigiendo la aplicación de la Ley Vicaria en Yucatán. Esta ley reconoce la violencia ejercida contra niñas y niños como un mecanismo para dañar a sus madres, incluso cuando no haya agresión física directa hacia la infancia.

Ambos señalan que actúan en favor del interés superior de la niña, pero las versiones, los expedientes y las valoraciones judiciales parecen ir en direcciones opuestas. Entre tanto, la figura más vulnerable —la niña— permanece expuesta a un conflicto de alta exposición mediática y jurídica.