Sentenciado a 8 años por violación en Maxcanú
MÉRIDA, Yuc., 8 de diciembre de 2021.- En Yucatán se debe revisar la actuación de los policías pues desde Amnistía Internacional se han documentado varios casos de detenciones arbitrarias señaló Edith Ferreto Olivares, directora Ejecutiva de dicha organización en México.
Preciso que durante varios años, Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias en la entidad, tiempo en el que han notado que esté tipo de acciones se dan en personas provenientes de la zona metropolitana y con algunas características específicas, por lo que consideran son detenciones raciales.
“Lo que hacemos en las investigaciones es documentar casos emblemáticos que sabemos representan los casos de muchas otras personas, en la investigación falsas sospechas, se da una explicación sobre detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en todo el país, documentamos un caso de Yucatán”.
Indicó que existe una preocupación pues este tipo de cuestiones ponen un foco rojo sobre cómo se da la actuación policial en la entidad. Señaló que entre las características que tienen las personas detenidas arbitrariamente son personas de la periferia de Mérida, indígenas y pobres, generando alarma y señales de discriminación.
Recordó que uno de los casos más emblemáticos que han trabajado es el de José Adrián un menor de 14 años que fue detenido y golpeado en febrero de 2016 por elementos de seguridad, a la fecha, dijo, no hay justicia pues no se proceso a los policías que realizaron estás prácticas y lo único que se logró fue la reparación del daño en enero de 2020.
Actualmente, dijo, están lanzando una acción internacional para recabar firmas que permitan continuar con la investigación más a detalle del caso del joven José Eduardo Ravelo fallecido en Mérida, e hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que se aplique el protocolo de Estambul para saber si realmente fue sometido a tortura o no.
Así mismo, dijo, el tratamiento que se le dio a su familia puede ser considerado como violencia institucional y enfatizó que no están de acuerdo con el comunicado que emitió la FGR sin antes avisarle a la familia.