Exigen revocar nombramiento de Hernán Vega Burgos como magistrado

MÉRIDA, Yuc., 11 de junio de 2025.- Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), representadas por María Eugenia Núñez Zapata y Lydia Laucirica Uanche, manifestaron su preocupación ante el nombramiento de Hernán Vega Burgos como magistrado local, señalando que existen antecedentes documentados que lo vinculan con probables actos de violencia y expedientes inconclusos relacionados con trata de personas.

Durante una rueda de prensa, las activistas recordaron que la Constitución Política del Estado de Yucatán a traves de la ley 3 de 3, prohíbe la designación de personas con antecedentes de violencia en cargos públicos.

“Estamos hablando de una elección a modo”, señaló Laucirica Uanche, al subrayar que la omisión de las autoridades tanto legislativas como electorales al permitir esta designación representa una falta grave.

 Núñez Zapata añadió que “la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley recae en las autoridades; como sociedad civil, nuestro papel es señalar cuando esa ley se está violentando”.

En un documento formal dirigido al tribunal electoral del estado, AMISY solicita la exclusión de Vega Burgos del cargo, al considerar que no cumple con los requisitos de ética, reputación y honestidad contemplados en el artículo 65 de la Constitución local. Asimismo, exhortan al Congreso del Estado a actuar conforme al marco legal y evitar convalidar nombramientos que contravengan principios constitucionales.

Además, las representantes de AMISY denunciaron la presencia de otros funcionarios con antecedentes similares dentro de la actual administración estatal, como el exalcalde de Motul, y pidieron al titular del Ejecutivo revisar la conformación de su gabinete. 

“El gobernador también está obligado a cumplir con la Constitución”, puntualizaron..

Finalmente, hicieron un llamado al Fiscal General del Estado para que se publiquen los números de expediente relacionados con Vega Burgos, ya que —aseguran— existe al menos una inhabilitación previa dictaminada por la autoridad correspondiente. 

“Un proceso inconcluso no te hace culpable, pero tampoco te habilita para impartir justicia”, concluyeron.