Persisten omisiones en Yucatán en casos de deudores alimentarios

MÉRIDA, Yuc., 10 de mayo de 2025.-  En el marco del Día de la Madre, el colectivo Ley Sabina en Yucatán alzó la voz para visibilizar las fallas estructurales en el seguimiento judicial a deudores alimentarios. Siloé Fuentes, representante del movimiento indicó que  existe un sistema de dilatación por parte de las autoridades para incorporar a los agresores al padrón estatal, a pesar de contar con antecedentes comprobables de incumplimiento.

“Queremos que entren al padrón y solo vemos cómo se dilata el proceso. Hay madres que llevan uno, dos, tres años sin respuesta, y aun así los jueces no juzgan con perspectiva de infancia, mucho menos de género, haciendo convivir a las infancias con los deudores, generadores de violencia”, señaló.

Desde 2022 a la fecha, el colectivo ha contabilizado más de 300 casos documentados, aunque estiman que la cifra real es mayor. Esto, explican, se debe a que muchas mujeres enfrentan presiones familiares y laborales que las desincentivan a denunciar. 

“Las mujeres que ejercen la crianza muchas veces son avergonzadas por su entorno más cercano, lo que dificulta que acudan incluso a los tendederos virtuales”, puntualizó.

Uno de los principales reclamos es que el padrón de deudores alimentarios, que hasta 2023 era público, dejó de estar disponible a partir de 2024 sin explicación clara. 

“Tomaron la decisión de cerrarlo de manera unilateral, lo cual va en contra de la ley. No podemos consultarlo, ni dar seguimiento adecuado a los casos”, explicó Fuentes.

Asimismo, desde el colectivo se exige una reforma al Código Familiar y al Código Civil para evitar cambios súbitos en la custodia cuando se compruebe que una persona es deudora alimentaria. También piden que se agilicen los procesos para hacer públicas estas denuncias y garantizar que las infancias tengan acceso efectivo a sus derechos.

En cuanto a resultados, el colectivo informó que han logrado que 37 personas comiencen a pagar lo adeudado, ya sea mediante retroactivos o regularizando las pensiones. Sin embargo, lamentaron que estos logros siguen siendo la excepción.

 “Después de que los exhibimos públicamente, muchos pagan, pero aún así se nos acusa de mentirosas. Nadie debe, todos dicen que es difamación”, denunció.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la sociedad como a las autoridades a aplicar las leyes ya existentes, garantizar protección efectiva a las mujeres y las infancias, y dejar de revictimizar a quienes denuncian.