MÉRIDA, Yuc., 13 de octubre de 2021.- El derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación, se verían afectados de aprobarse la reforma eléctrica que el pasado 1 de octubre envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, aseguraron asociaciones y defensores de los derechos humanos.

Mediante un comunicado, señalaron que esto también alejaría al país de cumplir sus metas nacionales en materia de transición energética y acuerdos climáticos internacionales, además convertiría a México en el primer país del G20 en incumplir las metas presentadas ante el acuerdo de París.

Recordaron que la iniciativa pretende una reforma constitucional para regresar el monopolio del sistema eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizándole el 54 por ciento de la generación de energía y desapareciendo los órganos reguladores. Con esto, aseguran, CFE se convertiría en la operadora total del mercado eléctrico y generaría incertidumbre a los posibles participantes del 46 por ciento restante.

Adicionalmente, se modifica el despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las plantas de la CFE que utilizan combustibles fósiles dañinos como el carbón y el combustóleo, convirtiendo a la CFE en juez y parte en el orden del despacho de la energía.

Aunado a esto, la propuesta deja de considerar las energías renovables como prioritarias, pese a que su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, priorizar la generación de electricidad de las plantas de CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos.

El incremento de precios de la energía eléctrica, afectaciones a la salud de las personas, contaminación de las fuentes de agua, empeoramiento de la calidad de aire en diversas zonas del país, son solo algunos de los efectos directos de la iniciativa de reforma eléctrica.

La actual iniciativa de reforma concentra nuevamente todas las decisiones en el Estado y obstaculiza el derecho humano a la participación ciudadana, reconocido en el Acuerdo de Escazú. Para enfrentar la crisis climática, tenemos que cambiar la forma de generar, consumir y decidir sobre el sistema energético nacional y transitar más allá de los combustibles fósiles y de la centralización de las decisiones del sector.

Se hace un llamado para que la reforma eléctrica responda a los retos mundiales y nacionales actuales, que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables. La reforma eléctrica debería plantear una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que enfrente a la crisis climática, que busque el bienestar, salud y vida de las personas y que asegure el cuidado del medio ambiente.

Las organizaciones que se suman a esta petición son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), el Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Colima 2030, Conexiones Climáticas A.C., Greenpeace México, Iniciativa Climática de México (ICM)