Sami teme por su vida, exige a gobierno de Yucatán medidas de protección

MÉRIDA, Yuc., 25 de octubre de 2020.- “Si a mi o a mi familia le llega a pasar algo, hago responsable a Bernardo, Iván y a mi tía Gloria. Soy Sami y quiero que se haga justicia, no quiero que mi familia me vaya a llorar a una tumba y luego diga el gobierno que hizo algo por mi, cuando no hacen nada hasta que nos ven muertas” señaló Sami Trujillo Franco luego de entregar un oficio pidiendo al gobernador Mauricio Vila Dosal, le den las medidas de protección.

Entre los 12 y los 18 años, Sami fue víctima de trata de personas y prostitución, por lo que era trasladada a hoteles de paso entre Campeche, Tabasco y Yucatán; aunque logró escapar, llevar una vida normal y formar una familia, desde hace seis meses sus agresores lograron localizarla y declaró, se han dedicado a amenazarla, la han mandado a golpear, han intentado secuestrarla y tienen su teléfono intervenido.

“Ante la escala exponencial de violencia y amenazas que se repetía en mi vida y de mi familia, acudí a la Fiscalía General del Estado, sin embargo, mi denuncia por explotación sexual, amenazas, golpes e intentos de secuestro no fue admitida. Únicamente admitieron una denuncia relacionada con la difusión de fotos de índole sexual que me tomaban con los clientes” refiere en la carta entregada en Oficialía de Partes de Palacio de Gobierno.

Pese a lo anterior y la negativa de los trabajadores de la Fiscalía de admitir la denuncia por trata porque “todo lo relatado ya no importaba”, Sami, solicitó las medidas de Protección de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, solo lo otorgaron rondines de vigilancia, algo que asegura no ha servicio pues sufrió un intento de secuestro a los pocos días de interponer su denuncia.

Para el 22 de septiembre, apoyada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas interpuso otra denuncia pues una persona se metió a su domicilio y la golpeó, además su esposo e hija sufrieron un intento de secuestro. Por lo anterior, interpuso un amparo y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, instó al gobierno a qué pusiera las medidas de protección 

“Pero por medio de un oficio me fue informado que no podría asignarme protección 24 horas porque no consideraba que mi vida estuviera en peligro, aún cuando llevaba las costillas rotas, la muñeca fisurada y la cara morada”.

Con lágrimas en los ojos y respaldada por representantes de diversas organizaciones sociales, Sami reiteró la petición para que se le asigne la protección adecuada, pidió al gobernador Mauricio Vila no se haga de oídos sordos y responsabilizó a la administración estatal de cualquier cosa que le pueda suceder a ella o su familia.

La carta fue recibida por trabajadores estatales, pese a que en el lugar había funcionarios de gobierno, pues se acababa de realizar una reunión de Protección Civil.