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MÉRIDA, Yuc, 26 de febrero de 2020.- La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán encabezó la lista de las autoridades de Gobierno con más denuncias por violaciones a derechos humanos, según el informe de actividades que ofreció este miércoles el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana, en el Congreso del Estado. De 68 instituciones la SSP ocupó el primer sitio con 231.
El ombudsman dijo que se emitieron 32 recomendaciones dirigidas a esa institución, cinco a la Fiscalía General del Estado (FGE) y que 239 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
“Los hechos violatorios más recurrentes fueron prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad; violación a los derechos de los niños; y retención ilegal”.
Detalló que las instancias más denunciadas, además de la SSP, fueron el Ayuntamiento de Kanasín; la Secretaría de Educación; la Fiscalía General del Estado; el Ayuntamiento de Progreso; Secretaría de Salud de Yucatán; así como lo ayuntamientos de Mérida, Motul, Muna y Umán.
En lo que refiere a las quejas interpuestas, 309 fueron contra autoridades del Poder Ejecutivo de las cuales 231 las cometieron los elementos de la corporación de seguridad, es decir, los policías, expuso.
Otra de las cifras que ofrecieron fue en relación a los incidentes de presentación de personas, aquí Sabido Santana explicó que se trata cuando las personas son arrestadas y las familias no son notificadas.
“Llevamos a cabo 228 diligencias con relación al ‘incidente de presentación de personas’ para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente”.
Se presentaron 10 denuncias ante la FGE por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posiblemente hechos delictuosos, mencionó.
El total de casos donde se solicitó la presencia de la Codhey fue de 4 mil 294 solicitudes, esto es un promedio de 12 solicitudes diarias, 20 por ciento más que el 2018.
Por otro lado, la legisladora priísta María Moisés Escalante llamó a los legisladores de Morena a que reasignen los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas destinados a la mujer para el ejercicio 2021.
“Solicito hagan las reformas necesarias para que se homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades del país y para que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres”.