Dejan sus casas 173 familias para que pase el Tren Maya por la Península

MÉRIDA, Yuc., 5 de agosto del 2021.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), y con el acompañamiento de las Secretarías de Bienestar y Medio Ambiente, ha logrado acuerdos con las familias que habitan dentro del Derecho de Vía en las comunidades de influencia del Tren Maya para avanzar en los procesos de relocalización consensuada, garantizando la certeza de sus derechos de vivienda. 

Al momento, se ha aprobado la ejecución de 173 acciones de vivienda en el comité financiamiento de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para las familias que viven sobre el derecho de vía, y decenas más están siendo integradas al Programa de Vivienda Social. Otras 80 familias ya han iniciado los procesos de negociación. Las familias que han aceptado la relocalización se encuentran en las comunidades de: Pénjamo, Tenosique, El Faisán e Icorsa, en el estado de Tabasco; El Naranjo, Haro, Candelaria, Escárcega y Pixoyal en Campeche; y en Yucatán.  

Las familias son acompañadas durante todo el proceso, incluyendo la mudanza. Será en los próximos meses cuando se entregue la primera parte de viviendas a quienes aceptaron la relocalización, mientras que las familias que negociaron el apoyo económico ya se ha iniciado la entrega de recursos. 

El Proyecto Tren Maya hizo visible un grave problema relacionado a la falta de una vivienda adecuada y tenencia de la tierra en las localidades que componen su ruta. El Gobierno de México está comprometido en atender a las familias que habitan en el derecho de vía, garantizando la protección a sus derechos y llevando el proceso de negociación de manera consensuada. 

Hasta el momento, cerca de 250 familias han accedido al programa de vivienda

La institución en ningún momento generará desplazamientos o desalojos forzosos, al contrario, se están contemplando diversas acciones de vivienda y equipamiento comunitario en materia de desarrollo, que dará certeza jurídica a quienes habitan sobre el derecho de vía.