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MÉRIDA, Yuc., 3 de marzo de 2021.- El Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche, ordenó a las autoridades encargadas de la construcción y ejecución del Tren Maya de abstenerse a realizar el llamado Proceso de Relocalización Consensuada en los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real en Campeche.
Lo anterior luego de que al menos 80 personas que integran el Colectivo Tres Barrios presentaran una nueva demanda de amparo en contra de los desalojos que se pretenden hacer por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la construcción del mega proyecto.
Desde hace aproximadamente un año, dicho Colectivo ha denunciado que este Proceso de Relocalización Consensuada es realizado por ONU-Habitat, contratado por el Fonatur, mediante el cual se les ha indicado a los habitantes de los barrios mencionados se deben buscar alternativas para reubicar sus viviendas.
Mediante un comunicado de prensa, indicaron que a diferencia de un desalojo común, los desalojos forzosos es una violación al derecho a la vivienda prohibida por el derecho internacional, la cual consiste en obligar a personas a abandonar sus viviendas sin que haya una causa prevista en la ley o sin que se haya ordenado judicialmente o sin que se les haya permitido defenderse en juicio. Argumentan que ni la Constitución, ni ninguna legislación faculta a las autoridades demandadas a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico.
En abril de 2020, el Colectivo Tres Barrios presentó una primera demanda de amparo, cuyo juicio sigue aún en curso. Kalycho Escoffié, quien asesora jurídicamente al Colectivo Tres Barrios, informó que son 80 las personas que presentaron esta nueva demanda.
Además, el pasado 19 de diciembre, le entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Campeche una carta exponiendo su caso, solicitando que las vías del tren existentes sean relocalizadas y no ellos, aunque no han recibido respuesta.