Anuncia comunidades mayas marcha en defensa de territorio

MÉRIDA, Yuc., 3 de julio de 2026- Integrantes de los Consejos Comunitarios de Santa María Chi, Ixil, Kinchil, Molas  y Caucel pueblo denunciaron presuntos actos de criminalización contra personas defensoras del territorio y anunciaron una marcha estatal para el próximo 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de visibilizar los conflictos relacionados con tierras, proyectos inmobiliarios y actividades agroindustriales.

Durante una rueda de prensa, el comisario de Santa María Chi, Wilbert Ku, informó que la empresa porcícola San Gerardo, vinculada comercialmente con Kekén, promovió una apelación contra la resolución judicial que confirmó la no acción penal en un proceso relacionado con la comunidad.

Explicó que la empresa busca reabrir el caso mediante una nueva audiencia, situación que, afirmó, representa un nuevo intento de judicializar la protesta social de la comunidad. 

"Siguen buscando por dónde legalmente afectarnos a pesar de que las resoluciónes de los jueves han sido a nuestro favor", anotó.

Señaló que aún permanece pendiente el dictamen de daño ambiental que debe emitir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras la clausura definitiva de la granja porcícola ubicada en esa comisaría.

"Esto nos preocupa ya que el estudio técnico podría ser elaborado por la propia empresa involucrada y podría existir un conflicto de interés para determinar las acciones de remediación ambiental", aseguró.

Por otra parte, integrantes del Consejo Comunitario de Ixil rechazaron las acusaciones que enfrentan en un proceso judicial relacionado con la posesión de tierras comunales.

El representante Manuel Cham aseguró que las tierras en disputa corresponden a terrenos de uso común administrados por la comunidad mediante asambleas y sostuvo que las familias denunciantes intentaron ocupar dichos predios en 2022. También cuestionó el actuar de la Fiscalía y de la jueza que lleva el caso, al señalar que no fueron consideradas pruebas documentales y testimoniales presentadas por la comunidad.

Asimismo, anunció que presentarán una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades en el proceso.

En la conferencia participó además Sergio orceransky de fundación Yansa  informó que promovió un juicio de amparo contra su vinculación a proceso, al considerar que existieron violaciones al debido proceso y a los derechos de personas defensoras de derechos humanos e integrantes de comunidades indígenas.

Finalmente, integrantes del Consejo Comunitario de Caucel Pueblo reiteraron su postura de continuar defendiendo las tierras comunales frente al avance de proyectos inmobiliarios y respaldaron la conformación del frente de comunidades que participará en la movilización del 9 de agosto.

Además de la marcha, los organizadores anunciaron la realización de un taller sobre derechos de los pueblos indígenas los días 10 y 11 de agosto, dirigido principalmente a integrantes de comunidades mayas, con el propósito de brindar información jurídica sobre procesos de consulta y defensa del territorio. También aclararon que ninguno de los integrantes del colectivo solicita recursos económicos para brindar asesoría, por lo que pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que pudieran pedir dinero utilizando su nombre.