Avanza Yucatán en materia de justicia laboral

MÉRIDA, Yuc., 10 de octubre de 2024.- Con la implementación de la reforma laboral en Yucatán se atendieron 3 mil 738 casos y concluido 952 asuntos, gracias al apoyo de la tecnología y la conciliación como vía para la solución de conflictos.

Según se reporta en un comunicado, a dos años de la citada reforma, que permitió la creación del Tribunal Primero Laboral y el Tribunal Segundo Laboral, los acuerdos conciliatorios pasaron de un 29% y 36% en los Tribunales Segundo y Primero, respectivamente, hasta alcanzar el 50%, con apego a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo.

En el período enunciado, los jueces laborales han celebrado 426 audiencias y dictado 92 providencias cautelares para proteger a trabajadoras despedidas por embarazo o discriminación de género, garantizando su acceso al seguro social mientras duran los juicios. Estas medidas son parte de una política judicial con perspectiva de género.

Con la finalidad de proteger a las personas trabajadoras en las audiencias laborales, en aquellos casos que involucran contextos de violencia, se ha acondicionado en los Tribunales Laborales espacios especiales que garantizan su protección.

Además, en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, se han dictado tres sentencias en formato de lectura fácil, garantizando su derecho a la información y al acceso a la justicia, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ambos tribunales, con jurisdicción en todo el Estado, han mejorado la capacidad de respuesta del sistema judicial y adoptado innovaciones tecnológicas como la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y el buzón electrónico laboral, facilitando la emisión de acuerdos digitales y la notificación electrónica a las partes.

Actualmente, 1,634 usuarios están registrados en el sistema de notificaciones electrónicas.

Con el objetivo de atender la creciente carga de trabajo que enfrentan los dos tribunales actuales, se prevé la apertura de un nuevo tribunal en 2025. Esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de más de 2 millones de habitantes en Yucatán.