Bufete Jurídico UADY, 53 años acercando justicia a sectores vulnerables
MÉRIDA, Yuc., 31 de julio de 2026.– El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares, señaló que la clausura realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un proyecto ubicado en una zona de dunas deberá ser analizada conforme a los permisos y disposiciones ambientales aplicables.
El dirigente empresarial indicó que, por el momento, desconoce a fondo las características del proyecto y si cuenta con todos los permisos correspondientes, por lo que consideró necesario revisar la situación antes de emitir una postura definitiva.
“Si el proyecto tiene y cuenta con sus permisos, derechos y reglamentación en orden, debería de llevarse a cabo”, afirmó.
Respecto a los sellos de clausura colocados por la autoridad federal, Molina Casares consideró que su existencia implica que se detectó algún aspecto que debe ser revisado, aunque señaló que corresponde a la empresa y a la autoridad determinar si la medida está debidamente sustentada.
“Si hay una clausura significa que en algo estará fallando, pero habría que analizar”, expresó.
Ante la posibilidad de que la clausura estuviera relacionada con la presión ejercida por ciudadanos y organizaciones que se oponen al proyecto, el presidente del CCE sostuvo que la aplicación de la ley debe mantenerse al margen de movilizaciones sociales.
“La aplicación de la ley debe ser unilateral, justa y precisa”, señaló, al considerar que, si el proyecto cumple con los requisitos, debe continuar, mientras que si existen incumplimientos, estos deberán ser subsanados.
Molina Casares hizo también un llamado a los inversionistas a cumplir con los reglamentos y las disposiciones ambientales tanto estatales como federales, al señalar que el desarrollo económico puede avanzar siempre dentro del marco legal.
“Hay que respetar el medio ambiente, hay que respetar los reglamentos y las leyes ambientales”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el sector empresarial está a favor tanto del respeto a la normativa por parte de las empresas como de la actuación de las autoridades, por lo que consideró necesario esperar a conocer los elementos del caso para determinar si la clausura corresponde a incumplimientos o a observaciones que puedan ser solventadas.




