Comunidades mayas exigen freno a crímenes ambientales en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 22 de marzo de 2025.- Representantes de comunidades mayas de Yucatán exigieron, en rueda de prensa, el cumplimiento de compromisos asumidos por autoridades federales durante el encuentro sostenido el pasado sábado 15 de marzo en Ixil, con la participación de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, así como titulares y representantes de Profepa, Semarnat, Conagua, Conafor, Conanp, Sader, IMTA y otras instituciones.

Leidy Eloína Cocom Valencia, integrante del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, destacó la importancia del diálogo sostenido con las autoridades, subrayando el valor de la palabra en las comunidades mayas.

 “La Profepa se comprometió públicamente a actuar contra los crímenes ambientales con medidas como la demolición de obras ilegales, la reforestación de áreas afectadas y la intensificación de inspecciones a granjas porcícolas. Estamos en espera de que se nos convoque a las mesas de diálogo para dar seguimiento a estos compromisos”, expresó.

Desde Kinchil, Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario, denunció la presencia de siete desarrollos inmobiliarios ilegales que están afectando seriamente al territorio. Asimismo, reiteró la preocupación por los impactos ambientales de la megagranja porcícola de Kekén.

 “No estamos en contra del desarrollo, lo que rechazamos es que se destruya el ambiente para beneficiar a unos cuantos”, dijo.

Jorge Yam Ek, también de Ixil, expresó su preocupación por la entrega de playas y dunas a políticos y empresarios, lo cual calificó como despojo. Agradeció la visita de las autoridades federales, señalando que “muchos depredadores quieren hacerse con las tierras de Ixil, incluyendo antiguas autoridades municipales y ejidales”.

Desde Kinchil, Gregoria del Rosario Dzul Cua anunció que se prepara una denuncia contra inmobiliarias que están invadiendo y deforestando el monte, afectando actividades tradicionales como la apicultura, horticultura y citricultura. 

“Estas casas no son para la gente de Kinchil, son para personas de fuera. Defendemos lo que es nuestro”, manifestó.

Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de Santa María Chi, exigió a Profepa actuar conforme a un dictamen técnico de 2021 que ya comprobó la contaminación del aire, agua y suelo por parte de empresas porcícolas. Denunció además la omisión de autoridades estatales y municipales ante estas violaciones.

“Tenemos derecho a conocer los impactos de los proyectos y decidir si los queremos o no. Este derecho está en el artículo 2º Constitucional y se nos niega de manera sistemática”, expresó.

Finalmente, reiteraron el rechazo comunitario a los megaproyectos energéticos privados promovidos por el Gobierno estatal, señalando que estos representan un modelo de desarrollo excluyente e insostenible.