Comunidades mayas piden detener el desarrollo destructivo en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 10 de enero de 2025.- Representantes de las comunidades mayas de Ixil, Kinchil, Santa Gertrudis Copó y Santa María Chí que se encuentran organizadas para la defensa del territorio, cultura y fuentes de vida dieron a conocer  las peticiones que tuvieron la oportunidad de presentar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra en su participación para presentar propuestas al Plan Nacional de Desarrollo. 

Señalaron que es urgente que en este se incluyan todas las medidas necesarias para detener el modelo de desarrollo destructivo que está devastando la Península de Yucatán, reemplazandolo por un modelo sustentable diseñado por y para las comunidades.

“El actual modelo viola nuestros derechos, despoja nuestras tierras, saquea y destruye la biodiversidad y los bienes naturales de los que dependemos, contamina el agua y el aire, ataca a nuestro tejido social, aumenta la desigualdad social y extermina nuestra cultura”, apuntaron. 

Recordaron que los principales problemas ambientales que enfrentan las comunidades mayas en la Península son: un desarrollo inmobiliario despojador, destructivo y fuera de control, una producción porcícola y avícola a escala industrial, mayor vulnerabilidad ante el cambio climático por la deforestación y la urbanización de la costa, la destrucción de formas de vida sustentable al despegar las prácticas productivas tradicionales mayas, Injusticia energéticas y el desplazamiento y marginación de comunidades mayas en contextos urbanos.

Federico May, representante del Consejo Comunitario de Ixil, Kinchil y Santa María Chi, explicó que en estos municipios se ha pretendido despojar de miles de hectáreas a los ejidos que ya han sido registrada como “propiedad privada” por familias poderosas con conexiones politicas.

“Están vendiendo las tierras comunitarias por Internet, por lo que nuestro territorio ya tendría “duelos virtuales” a quienes no conocemos, sin que las autoridades hagan algo al respecto”, apuntó. 

De igual manera otra constante que los perjudica es que en el 2024, la Comisión Federal retiró el subsidio de riego agrícola a los campesinos mayas y a las unidades de riego formadas por grupos de pequeños productores a quienes le han cobrado cantidades exorbitantes de hasta 50 mil pesos. 

“Si no pagamos nos cortan la luz y nos roban las cuchillas que son nuestras. Pareciera que la CFE quiere que nos muramos de hambre y nos veamos en la obligación de vender nuestras tierras”, resaltó. 

Por su parte, Leydi Cocom representante de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, señaló que se le presentó la problemática  con respecto a la urbanización desmedida hacia al norte de la ciudad, donde los grandes proyectos privados como torres departamentale y centros comerciales han generado un crecimiento en la plusvalía provocando el desplazamiento de las familias debido al aumento en los precios de la vivienda. 

“Esta plusvalía nos está llevando a un cobro de predial excesivo en donde por tener locales comerciales alrededor, no hay una tarifa preferencial para la zona originaria”, recordó que esta comisaría se encuentra dentro del  catálogo nacional de los Pueblos Indígenas ya que cuenta con un sitio arqueológico con más de 2300 años de antigüedad. 

Finalmente, señalaron que las propuestas y posicionamientos fueron escuchadas y calificaron como positivo el acercamiento que tuvo la autoridad federal con estas mesas de trabajo las cuales esperan sean más frecuentes, donde también se realizaron compromisos para atender mediante asamblea y reuniones las problemáticas puntuales de cada comunidad.