Falta de intérpretes y racismo impide impartir Justicia a indígenas

MÉRIDA, Yuc., 23 de agosto de 2022.- En Yucatán, hay 1145 personas indígenas que están privadas de la libertad, con todas las dificultades que esto conlleva como la falta de intérpretes y el racismo, así lo expresó Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) A.C, durante la presentación del diagnóstico Los efectos del racismo en el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas de Campeche, Oaxaca y Yucatán. 

“Es un diagnóstico que hacemos en las tres entidades que tiene la mayor población indígena de este país, Oaxaca tiene aproximadamente el 70 por ciento de población, Yucatán más del 65 por ciento y Campeche con más del 47.3 por ciento” 

López Sarabia comentó que no solo es cambiar las leyes, sino que el principal reto es cambiar la cultura racista que hay en el país y reformar la currícula de las escuelas de derecho adaptada a la diversidad que hay en el territorio nacional 

“Es necesario formar una nueva cultura jurídica y eso se hace en las universidades, es urgente que las escuelas reestructuren su currícula sobre todo en las facultades de derecho, que se propicien espacios de análisis y motivar al cambio en la justicia, necesitamos más derecho y menos folclor” 

Destacó que, aunque haya un marco jurídico amplio para la población indígena aún hay limitaciones para su ejercicio de manera correcta sobre todo el sistema de justicia estatal 

Agregó que hay más de 700 mil presos indígenas en el país, y que tan solo entre Yucatán y Oaxaca suman 2 mil, y sus juicios no cuentan con las garantías adecuadas como interprete o defensor, además de que se tienen que tomar en cuenta ciertas particularidades culturales para poder emitir un juicio, lo cual no sucede. 

“Si para la población en general es complicado levantar una denuncia, para personas indígenas es aún más porque no solo se enfrentan al obstáculo de la lengua, sino a las dificultades para llegar a los centros de justicia y al racismo que impera en el país” 

Agregó que el papel de la Codhey es importante ya que acompaña esos procesos para que las autoridades se sensibilicen y conozcan los derechos de las comunidades indígenas y la firma de este convenio es el inicio de los trabajos de manera conjunta. 

Este evento y la firma de convenio se realizó en la Facultad de Derecho, de la UADY ante un grupo de estudiantes y estuvo como testigo Carlos Alberto Macedonio Hernández director de la facultad.