Familias del sur de Mérida piden avances en regularización de tierras

MÉRIDA, Yuc., 18 de junio de 2026.- Habitantes de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur, junto con integrantes del Ejido San Antonio Xluch y Nocó, solicitaron la intervención de las autoridades federales ante lo que califican como retrasos e irregularidades en el proceso de regularización de asentamientos humanos que mantiene en incertidumbre jurídica a más de mil 300 familias.

Durante una rueda de prensa, los afectados señalaron que desde hace más de un año gestionan su incorporación al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), impulsado por el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), sin que hasta ahora existan avances concretos en los trámites necesarios para obtener títulos de propiedad.

El tesorero del Ejido San Antonio Xluch y Nocó, Mario Perera Narváez, manifestó su inconformidad por la falta de resultados.

"Hemos sido pacíficos y condescendientes porque estamos utilizando las palabras para expresarnos, pero ya tenemos un año con estas gestiones actuales y no vemos un avance significativo por parte del delegado", expresó.

Los vecinos explicaron que las colonias se encuentran asentadas sobre aproximadamente 74 hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido, por lo que la regularización resulta indispensable para brindar certeza jurídica a las familias que habitan la zona.

Recordaron que anteriormente enfrentaron un proceso fallido de regularización luego de que un exfuncionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy INSUS, Rafael Chan, les ofreciera asesoría particular para transformar las parcelas en solares urbanos. Según señalaron, el proyecto no prosperó debido a errores técnicos y jurídicos, pese a que los colonos y ejidatarios realizaron pagos de casi seis millones de pesos.

Tras ese antecedente, los afectados retomaron las gestiones directamente con el INSUS y realizaron los trámites requeridos, incluida una asamblea ejidal celebrada en mayo de 2025 para autorizar el procedimiento de regularización. 

"Sin embargo,  la dependencia aún no ha realizado las mediciones topográficas ni los trabajos técnicos necesarios para avanzar en la expropiación de la superficie", comentó Perera Narváez.

Asimismo, acusaron al jefe regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de no proporcionar información clara sobre el estado del expediente y de atribuir los retrasos a presuntas observaciones del Ayuntamiento de Mérida.

No obstante, indicaron que tras solicitar información a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, ésta confirmó mediante un oficio que el dictamen correspondiente continúa vigente y que no existe impedimento para continuar con el procedimiento de regularización.

Ante esta situación, los habitantes demandaron que el INSUS inicie los trabajos técnicos pendientes, entregue documentación que permita conocer el avance real del expediente y proporcione información sobre las acciones emprendidas contra el exfuncionario señalado por las presuntas irregularidades ocurridas en el proceso anterior.

"Lo único que buscamos es certeza jurídica, que podamos obtener los títulos de propiedad de nuestros propios hogares y que nos permita proteger el futuro de nuestros hijos", expresaron los representantes de las familias afectadas.