Fortalecen marco legal para intermediación inmobiliaria en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 24 de julio del 2025– Con la reciente publicación del reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPYI), el Gobierno del Estado de Yucatán avanza en el fortalecimiento del marco normativo que regula los servicios de intermediación inmobiliaria, una medida solicitada por el sector y orientada a proteger el patrimonio de las y los ciudadanos.

Gaspar Alemany Ortiz, consejero jurídico del Gobierno estatal, informó que la normativa contempla un título específico dedicado a regular dichos servicios y que fue elaborada en colaboración con cámaras empresariales como la Canadevi, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y otras instancias del sector. 

“Se socializó el documento y se escucharon las propuestas que ellas y ellos presentaron. Hubo una colaboración estrecha y, al final, estuvieron satisfechos con el resultado”, explicó.

Como parte de los próximos pasos, se lanzará una convocatoria para que instituciones certificadoras puedan impartir las 50 horas de capacitación requeridas durante el primer año. Esta formación será obligatoria para quienes deseen brindar servicios de intermediación, y responde tanto a una petición del sector como a una responsabilidad del Estado.

“Yucatán se distingue por su seguridad, no sólo en términos de seguridad ciudadana, sino también en lo jurídico y patrimonial. Tenemos que garantizar que todas y todos los compradores de propiedades lo hagan con certeza jurídica”, afirmó Alemany Ortiz.

El consejero jurídico destacó que la mayoría de las personas que actualmente operan como brokers no cuentan con certificaciones, lo que incrementa el riesgo de fraudes o irregularidades.

 “Es una actividad que requiere especialización. Se necesita conocimiento normativo para que los contratos y documentos firmados cumplan con lo estipulado por la ley y la NOM 247, asegurando así la protección del patrimonio de las familias yucatecas”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la profesionalización del sector inmobiliario y con la salvaguarda de los derechos de quienes adquieren una propiedad en la entidad.