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MÉRIDA, Yuc., 24 de abril de 2023.- Debido a que urge una normativa que regule a los asesores inmobiliarios en el Estado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) exigió al Gobierno de Yucatán impulsar una ley que permita dar certeza a los clientes, así como mejorar la asesoría sobre su patrimonio.
Enrique Trava Griffin, presidente estatal de la AMPI, indicó que cuentan con un proyecto de iniciativa de ley, el cual se ha estado trabajando desde hace años y el cual busca regular la asesoría profesional en la intermediación inmobiliaria en la práctica de bienes raíces, en beneficio de los clientes yucatecos.
“Esta ley es un documento que pretende regular la asesoría profesional en la intermediación inmobiliaria. Es la actividad que falta regular porque recientemente se reguló el sistema de evaluación y también se ha regulado a los desarrolladores y notarios. Somos la figura que falta regular”, mencionó el presidente.
Explicó que la Ley de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria en Yucatán busca beneficiar a los usuarios a través de un registro estatal de asesores inmobiliarios profesionales y, para que un agente pueda estar en este directorio, deberá acreditar una constancia fiscal que respalde que está dentro del comercio formal.
“El aspirante (también) deberá acreditar conocimientos y actitudes a través de certificaciones y exámenes. El objetivo es que los asesores inmobiliarios profesionales cuenten con la capacidad, experiencia y los conocimientos para asesorar a familias e inversionistas con respeto de su patrimonio”, indicó Trava Griffin.
Ignacio Lacunza Magaña, presidente nacional de la AMPI, comentó que en 22 estados de la República Mexicana existe una ley inmobiliaria, motivo por el cual es urgente que haya una en la entidad y es por eso que se le entregará una carta al gobernador Mauricio Vila Dosal en donde se le pide apoyo para que se impulse la normativa mencionada.
“Es un petición formal, respetuosa y amigable porque hemos visto en el país cómo gente sin escrúpulos continúa jugando con el patrimonio familiar y de empresarios. Nosotros somos una actividad que genera impuestos estatales, federales y municipales en cada operación inmobiliaria y este tipo de personas no están registradas ante el SAT”, dijo.