Preparan iniciativa para realizar cambios en el INAIP

MÉRIDA, Yuc., 15 de abril de 2025.- Antes de que concluya el mes de abril, el Gobierno del Estado presentará ante el Congreso local una iniciativa para sustituir al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) por un nuevo organismo; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así lo dio a conocer el consejero jurídico Gaspar Daniel Alemany Ortíz.

“Esta nueva secretaría concentrará las funciones actuales del INAIP: transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. De igual manera incorporará un componente especializado en materia anticorrupción, en alineación con el Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó el titular.

Alemany Ortíz explicó que, en caso de aprobarse, la transición requerirá mesas de trabajo con las y los comisionados actuales del INAIP para analizar la situación financiera del organismo, incluyendo pasivos contractuales como rentas, software y otros compromisos vigentes. Esta revisión determinará los montos necesarios para posibles liquidaciones y permitirá definir qué personal podría integrarse al nuevo órgano garante.

“No necesariamente se va a liquidar a todas las personas. Se va a hacer una evaluación junto con la Contraloría General del Estado para identificar qué perfiles se pueden incorporar a la nueva secretaría y cuáles funciones dejarán de ser necesarias”, puntualizó el consejero. 

Aseguró que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fungirá como órgano interno de control del Ejecutivo estatal, pero también será la instancia garante del acceso a la información y de la protección de datos personales, anteriormente a cargo del INAIP.

Ante posibles cuestionamientos por conflictos de interés, Alemany aseguró que se garantizará el derecho de acceso a la información sin importar si las solicitudes involucran a personas servidoras públicas. 

“Habrá mecanismos específicos para evitar conflictos de competencia y se buscará incluso mejorar los tiempos de respuesta, reducir la carga burocrática y eficientar los procedimientos”, afirmó.

La propuesta, en caso de ser aprobada, implicaría una reestructuración institucional significativa, con impacto en los municipios y un rediseño de la coordinación entre órganos estatales en materia de transparencia y anticorrupción.