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MÉRIDA, Yuc., 7 de julio de 2025 .- Diversas colectivas feministas, entre ellas La Morada MX, Justicia por Mónica, Mujeres en Resistencia, Mamá, Hija, Hijo en Libertad y Ley Sabina contra Violadores Alimentarios, impulsan en conjunto una propuesta legislativa que busca reformar el marco legal estatal para proteger a las infancias y a las madres frente al incumplimiento de obligaciones parentales.
La representante del movimiento, Siloé Fuentes, detalló que la iniciativa está siendo elaborada con el acompañamiento de abogadas feministas y que ya sostuvieron reuniones con la diputada local Clara (apellido no especificado), quien se comprometió a respaldar la propuesta y presentarla ante el Congreso del Estado.
“Esperamos que esta propuesta avance. No existe en Yucatán una legislación que atienda este problema de manera integral. Lo que planteamos es una ley para las maternidades y niñeces del estado”, señaló Fuentes.
Entre la propuesta se encuentran:
-Que el abandono de una mujer embarazada sea considerado delito grave.
-Que el incumplimiento del pago de pensión alimenticia también sea tipificado como delito grave
-Que se establezca un laboratorio con genetistas para la realización de pruebas de ADN.
-Que estas pruebas sean gratuitas para las madres y que, en caso de comprobarse la paternidad, el deudor alimentario reembolse el costo al Estado.
Fuentes explicó que estas medidas pretenden frenar una práctica frecuente en la que padres deudores optan por sustraer a las infancias como forma de evadir sus obligaciones legales y emocionales.
“Creen que si se llevan al hijo o hija ya no deben la pensión. Pero la deuda alimentaria sigue vigente. Esto genera una ruptura emocional severa en las infancias y deja a las madres en una situación de profunda vulnerabilidad”, apuntó.
Además, la propuesta contempla diferenciarse de la Ley Vicaria vigente, al actuar como antesala jurídica frente a casos de sustracción de menores por parte del progenitor deudor, reforzando sanciones penales y previniendo abusos a través del sistema judicial.
Las colectivas también informaron que, tras cuatro años de activismo presencial y digital, lograron ser recibidas por la consejera presidenta del Centro de Justicia Oral de Yucatán (CEJOM), María Farfán Flores. En dicha reunión, seis madres compartieron sus casos, tanto del ámbito penal como familiar.
Aunque el área penal no es competencia directa de la consejera, se comprometió a canalizar los expedientes al abogado Nije, consejero presidente en otra área del sistema judicial.
“Estamos defendiendo el derecho de las niñas y niños a una vida digna, con estabilidad, alimento, hogar y afecto. Y también el derecho de sus madres a criar con justicia y respaldo institucional”, concluyó Fuentes.