¿Quién es el Gran Consejo Maya y cuál es su papel en el caso del patrimonio cultural Maya?

MÉRIDA, Yuc., 31 de marzo de 2026.- El reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Grupo Xcaret colocó en la agenda nacional una discusión de fondo: cómo regular el uso del patrimonio cultural de los pueblos originarios dentro de actividades económicas como el turismo, estableciendo límites claros y mecanismos legítimos de participación comunitaria.

Más allá del litigio particular, el análisis del máximo tribunal evidencia un cambio estructural en México y a nivel internacional: el reconocimiento de que símbolos, expresiones y representaciones indígenas constituyen un patrimonio colectivo cuyo uso requiere la participación y autorización de las comunidades que les dan origen.

Este nuevo enfoque jurídico se encuentra alineado con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, legislación inspirada en el principio de justicia histórica hacia los pueblos originarios.

Aunque la norma establece que el uso de elementos culturales debe contar con consentimiento previo, libre e informado, especialistas coinciden en que uno de los principales retos es definir organismos y mecanismos claros para su correcta aplicación.

En este escenario cobra relevancia el papel del Gran Consejo Maya (GCM) de Quintana Roo, organización que representa a los dignatarios mayas y a los principales centros ceremoniales del estado, que figura como una instancia comunitaria dedicada a preservar la lengua, las tradiciones y los usos y costumbres del pueblo Maya.

Reconocido oficialmente por el estado desde 1998, el Gran Consejo Maya se integra por representantes de centros ceremoniales históricos como Tixcacal Guardia, Chancá-Veracruz, Chumpón, Tulum y la Cruz Parlante en Felipe Carrillo Puerto, espacios que resguardan la continuidad espiritual y cultural de las comunidades mayas.

Su legitimidad también es resultado del consenso comunitario y de una estructura tradicional que refleja la organización histórica del pueblo Maya, elemento que coincide con el espíritu de la legislación federal, la cual reconoce a las autoridades comunitarias como actores centrales en la toma de decisiones sobre el uso y resguardo del patrimonio cultural.

El papel del Gran Consejo Maya adquirió relevancia nacional en 2022, cuando la organización presentó ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) una denuncia contra Grupo Xcaret por el uso indebido de elementos culturales mayas. Posteriormente, en agosto de 2023, ambas partes alcanzaron un acuerdo que derivó en el desistimiento de la denuncia y estableció un marco de respeto mutuo que continúa vigente.

Este antecedente evidenció la capacidad del Consejo para fungir como interlocutor entre comunidades originarias y sectores productivos, mediante mecanismos de diálogo y acuerdos que privilegian el respeto cultural sin frenar el desarrollo económico.

Articulación jurídica y consenso comunitario
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural establece, en su Artículo 2, sección IV, las bases para que los pueblos indígenas definan el uso, disfrute y aprovechamiento de su patrimonio cultural, así como su posible utilización por terceros bajo acuerdos previos.

En este contexto, el Gran Consejo Maya podría constituirse como la instancia capaz de armonizar la aplicación de este principio, al representar colectivamente a los dignatarios y centros ceremoniales desde donde se preservan las prácticas ancestrales del pueblo Maya.

Su función permitiría articular procesos de autorización, diálogo institucional y construcción de consensos comunitarios, elementos indispensables para dotar de certeza jurídica tanto a las comunidades como a actores públicos y privados interesados en colaboraciones culturales.

Lejos de representar un obstáculo para el desarrollo, la participación del Gran Consejo Maya abre la posibilidad de construir modelos de turismo y crecimiento regional con legitimidad social y respeto cultural.

La cultura Maya, base histórica de la identidad del sureste mexicano y motor del atractivo turístico internacional, puede compartirse bajo esquemas de diálogo, acuerdos claros y reconocimiento comunitario, principios que el Consejo ha impulsado desde sus propias estructuras tradicionales.

El análisis realizado en la Suprema Corte confirma que México transita hacia una etapa en la que la riqueza cultural deja de entenderse únicamente como recurso económico para asumirse también como un derecho protegido.

Sin embargo, el desafío inmediato será establecer reglamentos claros que permitan aplicar plenamente la ley y garantizar beneficios justos para los pueblos originarios.