Reconoce TEEY violencia política de género contra regidoras en Tahdziú

MÉRIDA, Yuc., 20 de mayo de 2025.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave JDC-002/2025 y su acumulado, promovido por mujeres integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, en contra del Presidente Municipal y el asesor jurídico del mencionado municipio.

Según se informó en un comunicado, las actoras denunciaron haber sido víctimas de violencia política en razón de género durante las sesiones de cabildo, al enfrentarse a ambientes de hostigamiento, presión y coacción. El Tribunal consideró fundado su reclamo, al acreditarse una estrategia sostenida por parte del presidente municipal para obstaculizar el ejercicio del cargo, así como para segregar y menospreciar a las servidoras públicas.

Asimismo, se demostró que las promoventes fueron arbitrariamente limitadas en el ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, al negárseles el acceso a la cuenta pública, impidiendo que desempeñaran sus funciones en condiciones de igualdad. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional advirtió la existencia de una serie de publicaciones en redes sociales que tenían por objeto descalificar la imagen pública de las actoras ante la ciudadanía del municipio, mediante el uso de calificativos despectivos, que coinciden con expresiones vertidas por otros servidores públicos que comparecieron al juicio en calidad de colaboradores.

En consecuencia, el Tribunal declaró existente la violación al derecho político-electoral de ser votadas, en su vertiente de ejercicio del cargo, y también reconoció la existencia de violencia política en razón de género en perjuicio de las actoras. Asimismo, se determinó la responsabilidad de Pedro Yah Sabido, Presidente Municipal de Tahdziú, por haber obstaculizado el ejercicio del cargo de las actoras y por haber incurrido en actos de violencia política de género en su contra.

Esta sentencia representa un precedente relevante en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en Yucatán y reafirma el compromiso del Tribunal con la erradicación de la violencia política en razón de género en todos los ámbitos del poder público.