Respalda activistas a María Inés Rivera tras 8 años de revictimización

MÉRIDA, Yuc., 6 de mayo de 2026– Integrantes de la Agenda  de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) y activistas feministas manifestaron su respaldo al caso de María Inés Rivera Castro, víctima de violencia feminicida, y denunciaron presuntas fallas en el sistema de justicia que, aseguran, han prolongado el proceso durante ocho años.

Durante una rueda de prensa, María Eugenia Núñez, representante de AMISY, señaló que el caso refleja problemáticas estructurales en la atención a la violencia contra las mujeres. “No sólo son víctimas de su agresor o de sus agresores directos, sino resultan victimizadas por un gobierno insensible”, afirmó.

Indicó que el proceso ha estado marcado por retrasos y cambios constantes en su atención judicial.

 “Son ocho años… ¿Dónde está la justicia pronta y expedita?”, cuestionó, al tiempo que denunció que la víctima ha pasado por “tres juzgados, tres juezas” sin que se haya aplicado perspectiva de género.

El caso está relacionado con el rejoneador Rodrigo S.A.M., señalado como presunto responsable. De acuerdo con las activistas, la causa penal es la 114/2022 y actualmente se encuentra en etapa de juicio oral, con audiencias programadas en el Juzgado Segundo.

Gina Villagómez, investigadora y activista, expuso que la violencia inició semanas después del matrimonio de la víctima en 2018.

 “A las cinco semanas de haberse casado, recibió los primeros golpes… las agresiones se intensificaron escalando a violencia física, emocional y sexual. ”, señaló.

Asimismo, relató que la víctima quien estuvo presente en la rueda de prensa y le dieron voz las activistas, permaneció en condiciones de aislamiento durante varios meses. 

“Llegó a agredirla… la acuchilló… le pone el cuchillo en la garganta y la amenaza de muerte”, afirmó, al advertir que, pese a la gravedad, el caso fue clasificado inicialmente como violencia familiar.

En ese sentido, Villagómez cuestionó las decisiones judiciales.

 “Lo traen esposado a Mérida y lo dejan salir… porque como violencia familiar no representaba un riesgo”, indicó.

Por su parte, la activista Ligia Vera señaló que este caso no es aislado, sino representativo de una problemática recurrente. 

“Es una historia que se repite mucho más frecuente de lo que podemos pensar”, expresó.

También criticó la reclasificación de delitos en casos de violencia contra mujeres. “Es una burla… que una jueza reclasifique un delito que a todas luces era un intento de feminicidio”, declaró.

Las activistas coincidieron en que el sistema presenta múltiples obstáculos desde la denuncia hasta la judicialización. 

“El camino para lograr justicia es cada día más tortuoso, más largo”, señaló Vera.

Ante el inicio del juicio oral, organizaciones feministas anunciaron que darán seguimiento puntual a las audiencias. 

“Vamos a estar en todas… para darle seguimiento a su caso”, afirmó Villagómez.

Finalmente, las integrantes de AMISY subrayaron que su exigencia central es que el proceso concluya con justicia. 

“El primer paso es que sea sentenciado y que sea puesto en prisión… que reciba justicia”, señalaron, al tiempo que advirtieron que continuarán observando el actuar de las autoridades involucradas.