Solicitan a SCJN atraer el caso de contaminación en Santa María Chi

MÉRIDA, Yuc., 23 de octubre de 2026.- El comisario de Santa María Chi, Wilberth Náhuat, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de la comunidad maya, relacionado con la defensa del agua, el territorio y la salud ante la contaminación atribuida a una granja porcícola, así como con los procesos legales que, afirma, han generado temor entre sus habitantes.

El representante comunitario explicó que en junio de 2025 solicitó su incorporación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al temor por su seguridad y la de su familia. 

"Sin embargo, la petición fue rechazada, pues las autoridades consideraron que se trataba de un conflicto entre particulares y no tomaron en cuenta mi función como autoridad comunitaria ni el motivo de su protesta", apuntó.

Ante esta resolución, promovió un juicio de amparo, que también le fue negado. Por ello, ahora busca que la Suprema Corte atraiga el asunto, con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública y el respaldo de organizaciones y colectivos aliados.

Náhuat señaló que la solicitud busca visibilizar una problemática que, aseguró, no se limita a Santa María Chi, sino que afecta a otras comunidades mayas que defienden sus recursos naturales y enfrentan consecuencias legales derivadas de sus movilizaciones.

“Estamos protestando por la vida, por el medio ambiente, por los niños y por la salud”, expresó al explicar las razones de la lucha comunitaria.

El comisario destacó la importancia ambiental de Santa María Chi, al encontrarse en la zona de influencia de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes y cerca de un humedal de importancia internacional reconocido en el marco de la Convención Ramsar. Indicó que la protección de estos espacios está vinculada directamente con el cuidado del agua, el medio ambiente y la salud de las comunidades.

Aunque la granja porcícola a la que se refiere el caso ya se retiró de la zona, Náhuat afirmó que el procedimiento penal relacionado con el conflicto continúa pendiente.

Explicó que, de acuerdo con la información que tiene, en junio se emitió un dictamen de no ejercicio de la acción penal; sin embargo, señaló que entre julio y octubre no se había resuelto el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

El representante comunitario manifestó preocupación por la demora y señaló que, desde su perspectiva, los vínculos profesionales de uno de los abogados involucrados con el Poder Judicial podrían influir en el desarrollo del caso. Esta afirmación corresponde a su dicho y no fue corroborada con información de las autoridades judiciales.

Náhuat sostuvo que las consecuencias de estos conflictos no son únicamente económicas, sino también psicológicas, debido al temor que experimentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales de sus comunidades.

El comisario insistió en que la solicitud ante la Suprema Corte pretende que se revise el caso de Santa María Chi y se considere la situación de las comunidades mayas que denuncian afectaciones ambientales y procesos de criminalización por su labor de defensa del territorio.