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MÉRIDA, Yuc., 23 de noviembre de 2023.- En Quintana Roo prevalece un desarrollo inmobiliario irregular e incontrolable que afecta a sus ecosistemas ante la imposibilidad de obtener los permisos de impacto ambiental y la falta de capacidades de vigilancia dentro de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin embargo, el Gobierno municipal de Cancún ya comenzó una estrategia para atender denuncias y clausurar desarrollos ilegales.
El Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, realizan operativos con el objetivo de revisar y clausurar desarrollos irregulares que han detectado junto con la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano.
De acuerdo con la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, las zonas identificadas con el mayor número de desarrollos irregulares, que carecen de los permisos y la certeza jurídica para la venta de terrenos, se concentran principalmente en la zona de la avenida Huayacan y el aeropuerto.
Esta problemática es causada debido a la presión turística en el estado, así como los recortes al presupuesto de las instituciones ambientales, que no permiten contar con la facultad para hacer valer el derecho en materia de desarrollo regular y sustentable por la falta de capacidades de vigilancia dentro de las ANP y la falta de permisos a desarrollos inmobiliarios turísticos en Quintana Roo, lo que genera consecuencias sociales y ambientales en sus destinos más populares: Cancún, Tulum, Holbox.
Por un lado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) región Sureste, advirtió que estos desarrollos ilegales se llevan a cabo en la clandestinidad debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza pocas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), lo que ocasiona que se frenen obras y el desarrollo urbano del Estado, a pesar de la creciente demanda que existe.
En ese sentido, señalan que obtener un permiso de construcción inmobiliaria en la entidad puede tardar de uno a dos años dependiendo el proyecto y actualmente hay más de 100 proyectos detenidos por esta situación.
A su vez, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), encargada de administrar las ANP, sufre de constantes recortes al presupuesto desde la administración pasada, pues los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación presentados al Congreso de la Unión desde 2018 han quitado dinero a la dependencia año tras año.
Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, también se ha visto afectada por los recortes al presupuesto y se ha reflejado en una importante disminución en sus capacidades de vigilancia al contar con únicamente dos inspectores en todo el estado, situación que ha sido aprovechada por el desarrollo turístico irregular.
Además de Cancún, en destinos como la Isla chica de Holbox, se ha propiciado un auge de construcción irregular descontrolada y fuera de la norma, debido a su popularidad turística, la falta de regulación efectiva y la falta de permisos ambientales, por lo que enfrentar graves desafíos ambientales y la pérdida de su esencia natural.
Incluso, recientemente se detectó un desarrollo inmobiliario irregular que no cumple con las normas y que es conocido como Shanti Holbox, un proyecto que consta de 120 terrenos en las playas de Punta Mosquito, que son vendidos como mini lotes, pero aunque son presentados como autosustentables y sostenibles, están fuera de toda regulación y no cuentan con autorización de impacto ambiental de la Semarnat.
En Tulum la situación es la misma ya que no cuenta con un Programa de Manejo actualizado para establecer las reglas en materia de desarrollo inmobiliario al interior del polígono, lo que se ha traducido en asentamientos irregulares y falta de normas claras.
De hecho, ante la creciente demanda turística, la cifra de desarrollos habitacionales inscritos en Tulum se quintuplicó en 2021, al pasar de 123 en mayo de 2020 a 625 en la actualidad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Aunque el Gobierno Federal ha declarado nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en los últimos meses y presume que México tiene más de 200 de estas zonas, dichos decretos no han sido suficientes para controlar los daños del desarrollo irregular en el estado.
Para garantizar la protección de las ANP, los decretos deben estar acompañados de estrategias en coordinación de los tres niveles del gobierno, la Iniciativa Privada (IP), comunidades, sociedad civil y el desarrollo regular y sustentable con el principal objetivo de potenciar actividades económicas sustentables y regenerativas en estás zonas de acuerdo a lo que se establezca en los programas de manejo y creando esquemas de corresponsabilidad.
Cabe mencionar que el desarrollo inmobiliario sustentable busca crear edificaciones y comunidades que sean habitables, saludables, seguras, accesibles y equitativas, al tiempo que se minimiza el impacto en el medio ambiente y se promueve la sostenibilidad a largo plazo garantizando la calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.