A 9 años de su construcción ciudadanos piden tapar el Paso Deprimido

MÉRIDA, Yuc., 4 de julio de 2020.- “No cabe pensar en invertir un solo peso más, para reparar el daño que tiene a causa de las lluvias, el único camino hacia adelante es tapar el hoyo, no hay otra alternativa, meter dinero sano a reparar algo que no funciona, no tiene sentido”, opinó el arquitecto David Sosa Solís, miembro del Colegio de Arquitectos de Yucatán, sobre el destino que debería tener el distribuidor vial conocido como Paso Deprimido, ubicado entre las avenidas Prolongación Paseo de Montejo y Circuito Colonias.

A nueve años del inicio de su construcción y a un mes de estar clausurado por una parcial inundación, miembros del Frente Cívico Ciudadano y el Colectivo 4 de Julio, pidieron la mañana de este sábado, que la obra construida en 2011 sea rellenada.

Sosa Solís indicó que su construcción, fuera de ser innesesaria, se convirtió en una “ocurrencia impuesta” que no trae beneficios a la ciudad y no se debería poner nuevamente en funcionamiento. 

“Hoy el tiempo nos da la razón, lo que tenemos a mis espaldas es el resultado de una obra impuesta y una ocurrencia (…) el diseño no era el óptimo, el lugar no era el adecuado, la obra no se necesitaba y la prueba está aquí”, añadió el arquitecto.

Sosa Solís explicó que el paso deprimido no ha funcionado en términos viales, debido a que su beneficio “ha sido parcial”, pues solamente resuelve el flujo vehicular de norte-sur, pero las demás combinaciones “que permitía la glorieta original” no.

Lo anterior ha facilitado otros conflictos viales en los libramientos laterales, ha contaminado a las colonias vecinas “de un tráfico ajeno” y ha provocado un daños económicos a las propiedades más próximas a la zona, “que hoy se encuentran varias cerradas y han tenido una pérdida de su valor”.

Consideró que con mucho menos dinero que lo estimado por el ayuntamiento para reparar la obra, que son cerca de 10 millones de pesos, se podría cubrir el desnivel para devolver a la vialidad su integridad: “cerrar esta herida abierta que es este agujero y aunque quedará alguna cicatriz, devolveríamos al Paseo de Montejo y Prolongación Montejo, la integridad que alguna vez tuvo”.

“Este puede ser el punto de partida para una nueva visión para toda esta vialidad y también para la ciudad”, indicó David Sosa.

El arquitecto adelantó que como colectivo han discutido sobre un proyecto que tomara en cuenta a la vialidad desde la calle 47, remate de Paseo de Montejo, hasta la salida a periférico norte: “como una sola y como una vialidad hacia el futuro, que incluya medios alternativos de transporte como un carril bici, un carril exclusivo para el transporte público, y mucho más árboles”.

Frente al agua verde, estancada desde los primeros días del mes de junio, Patricia McCarthy Caballero, también miembro del Frente Cívico Ciudadano, hizo un recuento por los antecedentes al inicio de construcción de la obra, desde el 4 de mayo de 2011, cuando la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, hizo el anuncio de la obra, hasta las agresiones suscitadas dos meses después en la Glorieta de la Paz.

“No podemos permitir que hechos como los que se vivieron el 4 de julio de 2011 se olviden y es por eso que hoy estamos acá”, mencionó McCarthy Caballero, al mismo tiempo que pidió que el hecho “quede muy grabado en la memoria colectiva”.

Destacó que además del antecedente de la “represión” que la ciudadanía sufrió en 2011, la obra del paso deprimido se sometió a votación sin presentar el proyecto, no estaba incluida en planes previos del ayuntamiento de Mérida, no contaba con presupuesto, ni presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“Desde el anuncio de la obra se fueron sumando más y más voces en contra, entre esas voces se encontraban el colegio yucateco de arquitectos, Coparmex, Canacintra, Canirac, Canacome, grupos de estudiantes, los vecinos, organizaciones de la sociedad civil, el Plan Estratégico de Mérida, así como organismos expertos en materia de patrimonio cultural”, agregó.

“La obra fue declarada como un retroceso por expertos en materia de urbanismo y de conservación de la imagen urbana, de una zona considerada como patrimonio cultural y en todo momento se violaron diversas disposiciones legales”.

Recordó que desde la madrugada del 4 de julio de 2011, llegó la maquinaria de construcción al lugar donde, en ese entonces todavía se iba a realizar la obra, acompañados de guardias de seguridad que se colocaron alrededor de la glorieta e instalaron vallas metálicas.

“Desde esos momentos, varios sujetos vestidos de civil, algunos de los cuales después identificamos como golpeadores, vestidos de negro empezaron a llegar”, relató McCarthy Caballero. 

A la mañana de ese mismo día comenzaron las agresiones: “primero con insultos, después empujándonos con las vallas, incluso lanzando vehículos contra los que estábamos manifestándonos de manera pacífica (…) los equipos de seguridad del gobierno del estado estuvieron presentes, casi custodiando las acciones de violencia (…) la entonces gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco, comentó que no intervenían para evitar un daño mayor, tratando de que todo pareciera un enfrentamiento entre dos grupos, unos a favor y otros en contra”.

Después de las acciones violentas, presentaron más de 20 demandas penales, se presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), se presentaron amparos,incluso se buscó el juicio político contra la entonces alcaldesa Araujo Lara, “pero ustedes conocen el desenlace, las acciones realmente quedaron impunes y los resultados son los que vemos en esta imágen” del paso deprimido bajo el agua.

Reveló que el 27 de junio de ese mismo año, entregaron una carta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde se advertía el riesgo de la inundación y se pedían tres cosas: un dictamen sobre el riesgo de contaminación por la excavación y la cercanía del manto freático, así como la falta de la MIA, un análisis técnico de riesgos de inundación y una coordinación eficiente entre la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante su participación, el abogado José Enrique Gutiérrez López, refirió que durante el primer periodo de alcaldía de Renán Barrera (2012-2015), junto al arquitecto Mauricio Mier y Terán visitaron al alcalde y se le planteó la idea de rellenar el paso deprimido: “en ese momento era más propicio, porque mucha gente estaba dispuesta a dar material para rellenar el paso y no iba a ser tan costoso como está siendo ahora”.

Resaltó que además de la inundación y el desperdicio de la obra por su cierre, lo más importante “es la impunidad de cómo golpearon a mujeres, niños, personas mayores y a todos nosotros, ninguno de ellos recibió castigo (…) aquí no se ha hecho justicia, lo vemos en las deficiencias del paso y en que no hay nadie en la cárcel”.

Por último, los ciudadanos que se oponían a la construcción del Paso Deprimido y ahora promueven el relleno del mismo, enviaron un mensaje a las autoridades municipales competentes para hacer caso a su petición, ya que es “la única opción” que existe para la obra.

Al lugar de la obra inundada también acudieron el doctor Luis Fernando Quintal Flores, el doctor Alfonso Peniche Manzano, la señora Pilar Peniche Manzano, el señor José Luis Sierra Villareal y el señor Alberto Arjona, quienes fueron agredidos hace nueve años y ahora forman parte de este colectivo.