Comunidades de Yucatán piden respeto a su territorio

MÉRIDA, Yuc., 29 de octubre de 2025.-Representantes de diversas comunidades y organizaciones sociales manifestaron su preocupación ante la persistencia de proyectos inmobiliarios, energéticos y agroindustriales que amenazan los ecosistemas, salud ambiental y la forma de vida tradicional en distintas regiones del Estado.

Durante un encuentro con medios, integrantes de consejos comunitarios, comisarías y fundaciones expusieron los conflictos actuales que enfrentan en sus territorios, entre ellos la cancelación de la incorporación de Ixil a la zona metropolitana de Mérida, el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas en la costa norte y la operación irregular de granjas porcícolas en comunidades rurales.

Ixil mantiene su rechazo a integrarse a la zona metropolitana

Emmanuel Chan, miembro del Consejo Comunitario de Ixil, informó que el municipio interpuso y ganó un amparo para quedar fuera de la zona metropolitana de Mérida, tras una consulta comunitaria en la que la población votó en contra de la adhesión.

“El pueblo decidió no formar parte de la zona metropolitana. El amparo se ganó, pero ahora el Ayuntamiento de Chicxulub solicitó la cancelación anticipada de su participación, lo cual consideramos una artimaña para reactivar el proyecto en el futuro”, explicó.

Chan señaló que, aunque se ha emitido una suspensión definitiva sobre el parque vinculado al proyecto, la comunidad teme que los trabajos continúen sin consentimiento y sin una consulta previa, libre e informada, como establece la ley.

“Queremos progreso, pero un progreso ordenado, que respete nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida. Donde llegan los grandes proyectos, los pueblos originarios son desplazados y las tierras se compran a precios ridículos para luego revenderse en millones”, agregó.

Ciudad Maderas: suspensión definitiva, pero preocupación persistente

Por su parte, Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, explicó que el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas, ubicado entre las comisarías de Chelem y Chuburná, se encuentra suspendido de manera definitiva por orden judicial, tras una denuncia interpuesta en 2023 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Profepa había cerrado la denuncia sin justificación, pese a las irregularidades evidentes en el impacto ambiental. Por eso presentamos un amparo y el tribunal resolvió emitir una suspensión definitiva: la empresa no puede continuar con las obras mientras dure el juicio”, detalló.

Oceransky advirtió que el desarrollo, que abarca más de 1,600 hectáreas de selva baja caducifolia colindante con manglares y sabanas costeras, podría provocar el colapso de los ecosistemas y afectar directamente a comunidades que dependen de la pesca, el turismo y la salud del sistema lagunar.

“La salud de esos ecosistemas costeros es vital para todo el estado, especialmente en un contexto de cambio climático. La urbanización intensiva pone en riesgo la biodiversidad y la protección natural ante huracanes y aumento del nivel del mar”, puntualizó.

Santa María Chi exige cumplimiento de clausura a granja porcícola

En representación de la comunidad de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, comisario del poblado, denunció que una granja porcícola sigue operando pese a estar bajo clausura y suspensión judicial.

“Seguimos viendo movimiento en la granja. Fue una simulación: se difundió la clausura, pero la operación continúa. Estamos a la espera de nuevas resoluciones judiciales y de que se haga valer la ley”, afirmó.

Nahuat hizo un llamado al Congreso del Estado y a las autoridades ambientales para cerrar las lagunas legales que permiten que empresas continúen sus actividades a pesar de las sanciones.

“Mientras las comunidades no sean incluidas en los acuerdos y asambleas entre empresarios y gobierno, todo seguirá siendo simulación. Defendemos nuestro territorio, nuestra salud y nuestro ambiente, porque es lo que dejamos a las siguientes generaciones”, declaró.

Los representantes coincidieron en que los conflictos ambientales en Yucatán se agravan por la falta de información, participación ciudadana y aplicación efectiva de la ley. Denunciaron además intimidación y criminalización hacia personas que defienden sus territorios, lo que desalienta la denuncia y la organización comunitaria.