Familias desalojadas de Chichí Suárez buscan apoyo del Gobierno estatal

MÉRIDA, Yuc.,10 de septiembre de 2026.- Integrantes de las familias Pool Ku y Ku Novelo, quienes fueron desalojadas de sus viviendas el pasado martes durante un operativo realizado en la comisaría de Chichí Suárez, buscaron este jueves un acercamiento con el gobernador Joaquín Díaz Mena para solicitar apoyo ante la situación que enfrentan.

Durante el encuentro, personal del Gobierno estatal tomó los datos de las familias y les indicó que acudieran al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) para reunirse con su titular, plantear su situación y analizar algún mecanismo de apoyo.

Marilyn Cristina Pool Ku señaló que el conflicto por el predio se remonta a varios años y sostuvo que las familias no son invasoras, pues aseguró que adquirieron el terreno hace aproximadamente 28 años y construyeron ahí sus viviendas.

Explicó que el predio fue vendido por el ciudadano Jorge Sebastián Pat por una cantidad superior a los 500 mil pesos entre las familias, mediante una promesa de compraventa que, según relató, fue notariada. Sin embargo, posteriormente tuvieron conocimiento de que otra persona había realizado la escrituración del terreno.

Pool Ku afirmó que las familias intentaron llegar a un acuerdo con la parte que obtuvo el reconocimiento legal del predio, pero señaló que se les habría solicitado un millón y medio de pesos para recuperar el inmueble, cantidad que, dijo, no pudieron cubrir en una sola exhibición.

"Tuvimos la mala suerte de toparnos  con gente que tiene contactos, tienen medios para moverse. La persona que  nos ganó el el caso se llama Pilar Eugenia Méndez Corcuera y su hermano trabaja en el poder judicial.  Obviamente, ellos tienen toda la facilidad de hacer los movimientos que necesitan para poder quitarle la el patrimonio a muchas familias", aseguraron.

La afectada también cuestionó la actuación de los abogados que han llevado el caso y relató que uno de ellos les cobró 50 mil pesos por representarlos, pero, según su versión, no logró impedir el desalojo. 

"Durante el operativo optamos por no confrontarnos con los elementos policiacos, pues varios tenemos hijos pequeños  a pesar de que nuestro supuesto abogado nos estaba incitando a ello", añadió.

Por su parte, Rosario Ku Novelo relató que siete familias habitaban el predio y que durante 28 años construyeron sus viviendas y desarrollaron ahí su vida familiar.

Señaló que, tras enterarse en 2019 de que otra persona reclamaba la propiedad, comenzaron a buscar asesoría jurídica. 

"Pero todo los abogados que consultamos nos decían  que el proceso estaba perdido. Sabemos que los ahora dueños quienes derrumbaron nuestras casitas tienen poder, sus familiares son trabajadores del poder judicial", indicaron.

“Nos quedamos en la calle, no tenemos dónde estar. Hay mujeres embarazadas, hay enfermos”, expresó Ku Novelo, quien insistió en que las familias consideran que fueron engañadas por quien originalmente les vendió el terreno.

Las afectadas explicaron que, después del desalojo, las familias tuvieron que separarse temporalmente y permanecer con amigos y vecinos que les ofrecieron alojamiento. De acuerdo con su testimonio, son más de 10 familias las que resultaron afectadas por el desalojo.

Las familias esperan que el acercamiento con el Gobierno estatal y la atención en el IVEY permitan encontrar una alternativa para atender su situación y revisar las opciones disponibles ante la pérdida de sus viviendas.