Denuncian que 90% de granjas porcícolas carecen de impacto ambiental

MÉRIDA, Yuc., 23 de octubre de 2026.- Más del 90% de las granjas porcícolas de Yucatán carece de autorización de impacto ambiental y, de un inverso de cientos de instalaciones, solo 26 han iniciado un proceso de regularización, situación que evidencia el rezago en la vigilancia ambiental de esta actividad, denunció la Red Somos Agua.

Lourdes Medina Carrillo, abogada de la agrupación, señaló que, pese a que en diciembre de 2022 la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán emitió una norma técnica para que las granjas de cerdos regularicen su situación, los avances son limitados, ya que solo 26 establecimientos habían iniciado el trámite.

En ese sentido, recordó que, desde 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había señalado que más del 90% de estas instalaciones no contaba con autorización de impacto ambiental; sin embargo, sostuvo que las autoridades no han procedido a la cancelación de otras granjas.

La litigante consideró que la falta de avances en la regularización permite que sigan operando instalaciones sin que se evalúen adecuadamente sus afectaciones ambientales, en particular las relaciones con la generación y el manejo de aguas residuales, lo que afecta a diversas comunidades mayas de la entidad.

En ese sentido, comentó que se suscribió un convenio entre autoridades estatales y federales para impulsar la regularización de las granjas, situación que preocupa porque, según su interpretación, se transfiere al gobierno estatal facultades de regulación y de monitoreo que corresponden al ámbito federal.

“Lo que hace es que el gobierno federal cede competencia absoluta al gobierno estatal para que sea al Gobierno del Estado que regule y monitoree las granjas porcícolas. Cuando eso, por las leyes de nuestro país, es imposible y es inconstitucional, porque estas granjas están dañando a pueblos indígenas, donde se requiere una consulta”, dijo.

Por lo anterior, dio a conocer que la Red Somos Agua promovió un juicio de amparo contra el convenio entre los gobiernos federal y estatal, al considerar que se pretende concentrar en Yucatán la facultad de regularizar o autorizar las granjas sin garantizar la participación de las comunidades afectadas.