En 2020, Codhey recibió 2, 679 solicitudes de intervención

MÉRIDA, Yuc., 25 de febrero de 2021.- Al rendir su informe de actividades correspondiente al 2020 el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana informó que se recibieron 2 mil 679 solicitudes de intervención, mil 615 menos que en 2019.

Ante diputados locales, informó que derivado de sus labores se emitieron 202 medidas cautelares a un total de 58 autoridades estatales, 99 de ellas fueron aceptadas, 31 no se recibieron y en 72 no se tuvo respuesta.

Asimismo, dijo, “ante evidencias encontradas en el desarrollo de las investigaciones, interpusimos ante la Fiscalía general del Estado 12 denuncias por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.

SSP encabeza lista por presuntas violaciones a los derechos humanos

De acuerdo con la información presentada por el Ombudsman, de los mil 45 hechos violatorios señalados por los ciudadanos, se señalaron a 62 autoridades como las presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos.

La lista es encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Ayuntamiento de Kanasín; Fiscalía General del Estado de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Secretaría de Salud de Yucatán; y los ayuntamientos de Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid

Entre los hechos más señalados están: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; robo; amenazas; allanamiento de morada; violación a los derechos del niño; al derecho de los menores a que protejan su integridad; al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; y al derecho a la libertad de tránsito y residencia.

En este periodo, continuó, se emitieron 30 recomendaciones, de las cuales 13 fueron dirigidas al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; tres al alcalde de Umán, Freddy Ruz; dos al Cabildo de Izamal y dos al Fiscal general del Estado. Aunado a esto, se emitieron 202 medidas cautelares.

También, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.