Urge reglamento de la Ley federal de pueblos originarios

XCARET, QRoo., 30 de abril de 2026.- En México, la Cuarta Transformación ha marcado un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, colocando en el centro la justicia histórica que durante décadas les fue negada con los gobiernos neoliberales.

La creación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, representa un avance sin precedentes: ningún otro gobierno había impulsado un instrumento de este alcance para reconocer que la cultura indígena no es mercancía, sino un derecho colectivo.

Sin embargo, hoy ese avance enfrenta un desafío urgente: la falta de reglamentación que impide su correcta aplicación y genera incertidumbre en sectores clave como el turismo cultural, la inversión y el empleo.

El debate que se ha intensificado a partir del caso Xcaret ha puesto en evidencia esta contradicción. Por un lado, existe una ley que protege el patrimonio cultural y reivindica la dignidad de los pueblos originarios; por otro, la ausencia de reglas claras está generando incertidumbre jurídica que impacta directamente el desarrollo económico, principalmente en la región sureste del país.

Voces diversas de especialistas, empresarios e incluso políticos, como la del senador Gino Segura, coinciden en advertir sobre los riesgos que esta falta de certeza puede tener para la inversión, la generación de empleo e incluso la proyección internacional de la región maya como polo de bienestar clave en el sector turismo.

A esta preocupación se suma el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, que ha señalado la urgencia de contar con lineamientos claros que permitan proteger el patrimonio cultural sin frenar la actividad económica.

El fondo del debate no es si se protege o no la cultura: eso ya está definido en la ley. La verdadera discusión es cómo hacerlo posible en la práctica, bajo un modelo que garantice justicia para los pueblos originarios y, al mismo tiempo, permita construir prosperidad compartida. Sin reglamentación, el riesgo es que ni se logre una protección efectiva ni se consolide un desarrollo económico sostenible, dejando en un terreno de incertidumbre tanto a comunidades como a inversionistas.

Desde las propias comunidades, la exigencia es clara: que la ley se implemente con inclusión, representatividad y respeto a las voces que históricamente han resguardado el conocimiento ancestral. En este sentido, figuras como Mary Coba Cupul han subrayado la necesidad de reconocer el papel de las mujeres indígenas en la toma de decisiones sobre su patrimonio, reglamentando la ley para fortalecer un enfoque de bienestar para todas y todos, donde nadie quede fuera de los beneficios del desarrollo ni caer en prohibiciones absolutas que frenen la promoción de la cultura maya.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural no está diseñada para frenar el turismo ni la inversión; al contrario, plantea un nuevo paradigma donde la riqueza cultural puede convertirse en motor de desarrollo con justicia. Su espíritu es claro: que los beneficios derivados del uso de la cultura lleguen directamente a quienes la han preservado por generaciones.

Pero para que ese objetivo se cumpla, es indispensable construir reglas claras que definan los mecanismos de autorización, participación y distribución de beneficios.

Hoy, la falta de reglamentación mantiene en pausa la posibilidad de traducir esta ley en resultados concretos. Sin lineamientos, se debilita la certeza jurídica, se tensan las relaciones entre actores y se pierde la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo basado en el bienestar.

Reglamentar la ley no es un asunto menor: es la pieza que falta para que la justicia histórica se convierta en realidad tangible para las comunidades indígenas.

México tiene frente a sí la oportunidad de demostrar que la transformación también es cultural y social. La 4T ya dio el paso histórico al crear una ley que reconoce los derechos de los pueblos originarios; ahora el reto es completarla con una reglamentación que permita hacerla operativa.