Candidatos por encuesta

Si legalmente se hubiera obligado a los partidos a seleccionar democráticamente a sus candidatos mediante elecciones primarias, como en la mayoría de los regímenes presidencialistas, mucho habría cambiado el sistema político. Por lo pronto, se hubiesen resuelto dos problemas: contener la partidocracia y hacer de los partidos verdaderas escuelas de democracia. No ha sucedido así y, en su lugar, para resolver la disputa por los cargos, las dirigencias han optado por la encuesta, bajo la falsa tesis de que es una variante democrática, una manera de representar la voluntad mayoritaria.

Los sondeos de opinión nunca pueden reemplazar a las elecciones como mecanismo democrático. No es casual que en ninguna parte del mundo se optara por esta solución y, si fuera eficaz, no habría elecciones; es más práctico, rápido y económico una encuesta que la complejidad de una elección. El mejor procedimiento es que el órgano público electoral sea responsable de organizar la elección interna y que se desarrolle de manera concurrente para todos los partidos. Éstos son entidades públicas con responsabilidades derivadas de esa condición; además, cuentan con un virtual monopolio para acceder a los cargos públicos.

Seleccionar por encuesta no es democrático por varias razones. Una es que, con frecuencia, los partidos impiden que los candidatos emprendan campañas para ganar preferencias. Incluso, como sucedió con Morena en la precampaña presidencial pasada, no hubo debate ni confrontación de ideas, propuestas o programas. La tesis de que la competencia divide, cierta sólo en parte, lleva a los partidos a inhibir el proselitismo, que sí se presenta, pero de manera subrepticia, incluso mediante campañas negras y compra de votos. Las campañas restringidas conducen a la simulación y a la opacidad.

En 1999, el PRI optó por una elección primaria; hubo campaña y, según candidato ganador, Francisco Labastida, quien posteriormente perdió la elección presidencial, la competencia dividió al PRI y lo afectó, tesis que no se corrobora con la votación obtenida en la elección constitucional. Tabasco, Puebla y Coahuila registraron una alta votación a pesar de ser los estados de influencia de quienes compitieron contra él: Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque. Veinticinco años después, la oposición, sin MC, en el marco del Frente Amplio por México, optó por una elección interna basada en encuesta y consulta ciudadana. El proceso se malogró por la incapacidad de llevarlo hasta su última etapa y minó la legitimidad de la decisión final.

Las elecciones primarias son el mecanismo idóneo para posicionar a los partidos y corresponde a los seleccionados generar las condiciones de competencia a partir de la reconciliación posterior. Es una prueba de competitividad. Existe la opinión fundada de que, en EU, si el candidato presidencial demócrata de la elección pasada hubiera sido seleccionado mediante una elección primaria, habría derrotado a Donald Trump. Kamala Harris tuvo que competir en condiciones de desventaja, toda vez que el presidente Biden declinó la candidatura prácticamente a última hora. Ayer mismo, Hillary Clinton reconoció que fue la razón de la derrota de los demócratas.

La realidad es que las encuestas no reemplazan a las elecciones, mucho menos cuando aspectos técnicos relevantes como metodología y cuestionarios no son aprobados por los contendientes, sino impuestos por la dirigencia. No está de más señalar que un problema derivado de campañas muy acotadas es que la preferencia favorecerá al más conocido y, en partidos con inercias hacia la verticalidad, al que se perciba como ganador por contar con el respaldo de la cúpula.

Morena ha resuelto seleccionar a sus candidatos a gobernador con casi un año de anticipación a la elección, lo que representa una violación flagrante de las normas que establecen periodos precisos para precampañas y campañas. Un madruguete que, ante la incapacidad de las autoridades electorales y de los órganos jurisdiccionales para hacer respetar la ley, obliga a las demás fuerzas políticas a actuar en consecuencia. Esto significa que no se respetarán los tiempos de campaña y que el mal mayor de la democracia electoral, el dinero por debajo de la mesa se impondrá, acentuando uno de los problemas más graves y más en México por la incursión del narco. Existe la cuestión de la seguridad de los virtuales candidatos y, eventualmente, de que los grupos criminales ganen terreno mediante cooptación, intimidación o dinero.

Finalmente, el régimen político no aprende de las malas experiencias del pasado e insiste en procedimientos ajenos a la democracia. Seleccionar por encuesta es, en buena medida, una simulación de decisiones resueltas con anticipación por la cúpula.