Claroscuro

Endureciéndose

Claudia Sheinbaum se ausentó este viernes de la mañanera. “Está enferma de una gripa muy fuerte con tos”, dijo la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y minutos después de las 9:30 de la mañana Rubén Rocha Moya retomó su función como gobernador de Sinaloa, cargo al que pidió licencia luego de la solicitud de extradición de él y nueve más de su gabinete, solicitada por el gobierno de Donald Trump al de México, y lo dejó al domingo siguiente ante el repudio de quienes antes le decia que no estaba solo. Hoy, sin embargo, sí lo dejaraon solo.

Quien se apartó de la vida pública desde el primero de mayo aseveró que gobernará hasta el 31 de octubre de 2027 y que 112 días después fue exonerado por la fiscalía general de la República que no encontró elementos para procesarlo, pero no pudo cumplir luego de que la presidenta descalificó su regreso a la gubernatura, cosa que no le consultó.

El gobernador regresó al poder después de que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, concluyó una exitosa gira por Argentina en la que recibió innumerables halagos del director de la DEA por su trabajo en el combate al narcotráfico y a la delincuencia en cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Y con ello detonó lo que pareciera el pánico del que hablamos en otros artículos pero que ahora llegó a Palenque de quien se niega a dejar el poder.

El retorno de Rocha deja claro, más que exhibido, que el gobierno de Claudia Sheibaum tiene una conducción errática: recibe y presume los halagos y permite que el gobernador acusado de colaborar con el crimen regrese al cargo presumiendo completa impunidad. ¿El mensaje en realidad es para EEUU?, ¿es para los mexicanos? Lo que sí deja claro es que Morena no permitirá que se procese a quien, todos lo sabemos, era el contacto directo con las cabezas del crimen organizado no sólo para financiar sus campañas sino también para amedrentar a opositores y a los mismos ciudadanos, al menos eso parecía hasta que rocha Moya volvió a pedir licencia.

Aunque en los hechos han sido exhibidos por reportajes, confesiones, evidencias y demás pruebas de sus delitos, la fiscalía lo absuelve, así como no encuentra delitos en las acciones de Andy y su pandilla de amigos que saquearon el presupuesto y la hacienda del país. Morena no se investiga así misma.

¿Cómo deben tomar los estadounidenses la afrenta que significa desestimar lo que un jurado americano ya validó?, ¿creen que en EEUU la justicia se aplica con criterios políticos?, ¿cómo debemos tomarlo los mexicanos?, ¿hay un gobierno en disputa entre lo duros de López y los de confianza de Claudia?

En los hechos, pareciera muy conveniente que la presidenta no haya estado en la mañanera para responder a esa decisión de Rocha Moya, gobernador de López Obrador, que parecieran contrarrestar los halagos a García Harfuch, un funcionario de la presidenta, y que el gobierno de EEUU ve como un interlocutor válido en su lucha contra las drogas y los carteles del narco ya definidos como terroristas. Ahora, ¿al hacerlo recular la presidenta lo entregará??, ¿lo procesará por el homicidio de Nemesio Cué?

¿Qué sigue?, ¿no importa que el general Mérida ya haya sido protegido como testigo contra Rocha Moya y el gobierno de López Obrador que recibió el financiamiento del narco en los comicios de 2021?, ¿no importa tampoco que ya esté también como testigo el financiero de Rocha que sabe y conoce el destino de los recursos que se recibían del narco para financiar las campañas de Morena?, ¿se le seguirá protegiendo?

Lo que estamos viendo es un quiebre autoritario de López Obrador que ve demasiado riesgosa la relación que está construyendo García Harfuch y que sabe que si Rocha Moya es aprehendido, es cuestión de tiempo que sean detenidos otros gobernadores que fueron favorecidos con el dinero del narco en 2021, entre otras, Layda Sansores en Campeche. Veremos.

Peccata Minuta

El presupuesto que ejerce Layda Sansores desde 2021 hasta este 2026 es de $174,600.8 millones que, al día de hoy, nadie sabe dónde están y en qué se usaron porque obras no hay, proyecto no conocemos ni uno y la rendición de cuentas no es el fuerte de quien hoy gobierna campeche y pretende meter a la cárcel a 32 funcionarios que dejaron sus cargos hace 8 años mientras los acusa de desvíos.

Los acusan de desviar $270 millones en 12 dependencias del gobierno local que Moreno ocupó de 2015 a 2019.

Si el campechano común no se pregunta dónde está la inversión de este gobierno es precisamente porque ni se ven ni les informan hacia donde se fue el recurso, incluyendo las aportaciones federales del ramo 28 y 33.

Pensemos que esos $174,600 millones sirvieron para pagarle su salario a los burócratas. ¿Cuánto les gusta que se haya destinado a ese fin: el 50%, o sea, $73,800? Quedan al aire los otros $73,800.

Ahora, la realidad es que Layda Sansores tiene preparadas carpetas de investigación hasta contra quienes son sus colaboradores como una medida de presión o amenaza por si alguno de ellos se atreve a irse de Morena o a hacer declaraciones en contra del gobierno local. Nadie se salva de esas denuncias, lo mismo las tiene contra Elíseo Fernández Montufar a quien acusa de asesino, que contra Moreno para el que pide juicio político luego del acuerdo que logró con Eliseo Fernández, que contra Armando Toledo Jamit, quien no sólo fue jefe de su oficina sino también su secretario de gobierno. La única diferencia es que contra los suyos nos las ha presentado, pero si las tiene ya listas por si algo que no le guste o no le convenga sucede.

Sansores actuará como ella sabe: primero ella, sus intereses y sus afectos; después ella y sus afectos e intereses.

El presupuesto autorizado por el Congreso del Estado fue en 2021 $21,454.3; para 2022 $22349.9; para 2023 $24,826.7; para 2024 $25,773.6; para 2025 $26,045 y para 2026 $27,151.3

La exigencia es la misma: que haya transparencia siempre, sin importar quien gobierne porque no se puede quejar ni demandar si ella no pone el ejemplo.