El mandato de las transferencias monetarias

Un sector amplio de la oposición afirma que den la pasada elección no hay mandato democrático como tal. El resultado es producto, esencialmente, del efecto que tuvo en las preferencias las transferencias monetarias. En esta línea de argumento, se dice simple y llano que fueron los programas sociales fondeados con dinero público la manera como se construyó el voto mayoritario a favor de un partido, más la actuación de los siervos de la nación con la encomienda de despertar en los beneficiarios el miedo de perder las ayudas si votaban por la oposición. Simple clientelismo electoral. Doy para que me des, con el agravante de ser recursos públicos.

Los estudios de opinión previos y los de las encuestas de salida ratifican la importancia de los beneficios monetarios directos a la población en la definición de las intenciones de voto. De una manera pragmática, lineal y literal se afirma que el mandato de los beneficiarios es que continúen las entregas directas monetarias. El cambio de régimen o la mayoría para cambiar la Constitución serán consecuencia de cómo se manipuló al votante, pero es una tontería asumir que los votantes valoraron, confrontaron y aprobaron una reforma tan compleja que ni los especialistas entienden. Por lo mismo, no fue decisión sobre el futuro del régimen democrático, aunque votaran por Morena y aliados, también muchos no beneficiarios de programas sociales.

El voto determinó un gobierno a cargo de Morena, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi igual en la de Senadores, pero resulta claro que los electores votaron quién decide y no qué se decide. En otras palabras, la aprobación del cambio de régimen no se infiere del resultado de la elección, para ello debería hacerse una consulta ciudadana o popular tema por tema, en términos formales, es decir, que no se asimilara al proceso electoral para elegir funcionarios o legisladores, sino para determinar qué asuntos en específico son refrendados o aprobados por la mayoría. Para que tuviera legitimidad y validez debería organizarla una autoridad imparcial, con un cuestionario aprobado también por una entidad autónoma y profesional, con debate o deliberación suficientes y equilibrados, método confiable para contabilizar las preferencias y un umbral de participación significativo.

Para efectos prácticos, Morena cuenta con los votos legislativos suficientes para reformar la Constitución y el presidente López Obrador está decidido a cambiar el régimen político y de gobierno hasta donde le alcance -septiembre-, y se ha centrado en la reforma que acaba con el régimen de división de poderes y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. No existe resistencia alguna. La oposición, con pocas excepciones todavía no despierta del golpe del 2 de junio, siendo la opinión calificada la que ha mostrado reservas mayores a lo que puede calificarse como golpe de Estado contra el régimen democrático, sí a partir del voto democrático, sin que adquiera legitimidad desde el punto de vista estrictamente de ética democrática no jurídico que un partido con 40.8% de los votos, o una coalición con 54.7% de los mismos, pueda alterar en sus fundamentos al sistema político. 

El espacio de la resistencia no ha venido de la política institucional, por una parte, la explicable postura de los trabajadores del Poder Judicial para proteger sus derechos laborales. Por la otra, la reacción de los mercados financieros, que no es asunto menor pero sí revelador que el resultado electoral haga a la política una variable que ha perdido capacidad de autocontenerse o gobernarse. Una mayoría sin contrapesos la hace impredecible y fuente de incertidumbre para la certeza de derechos. Los grandes fondos financieros o los empresarios poderosos pueden ver bajo otra perspectiva la certeza a través del acuerdo cupular, discrecional e individualizado, no así el resto de los actores económicos.

La pérdida de autogobierno de la política, resultado de la integración de Cámaras y la ausencia de autocontención de los ganadores, que invocan el derecho de alterar los pilares de la democracia mexicana por mandato de las urnas, trasladan al terreno no institucional la disputa por la nación. La tranquilidad que ahora se observa y la ausencia de una oposición o rechazo a la determinación de acabar con el régimen democrático bien puede ser la antesala a una realidad indeseable de confrontación política, especialmente si se modifican los términos del consenso existente por la violencia, el deterioro económico o la pérdida de estabilidad macroeconómica.