Morelos: El triángulo de la tierra de nadie

Aquella noche de terror no fue la única. En la madrugada se escucharon camionetas llegar a toda velocidad y estacionarse frente a la casa de al lado. Sus ocupantes, armados, bajaron a un hombre y a empujones lo metieron a esa casa blanca de la esquina, con alberca de aguas verdes y hierba crecida. Durante horas se escucharon gritos, amenazas, golpes, lamentos y quejidos. Al alba salieron: habrán sido unos seis hombres armados y su víctima. Subieron a las camionetas y desaparecieron. La casa quedó en silencio durante semanas, hasta que alguien volvió para limpiarla, pintar el abandono y devolverle el azul al agua de la alberca.

Luego la rentaron como si nada hubiera ocurrido.

Meses después regresó el horror. Otro grupo armado llegó, esta vez con una mujer. Se repitió la escena. Lo verdaderamente brutal ocurrió al amanecer, cuando los vecinos vieron cómo subían a una camioneta el cuerpo desmayado de aquella mujer, inerte, como un muñeco de trapo. Nadie dijo nada. Nadie denunció. Nadie preguntó.

Sí, porque en algunas regiones de Morelos el miedo dejó de ser una sensación para convertirse en forma de gobierno. Esto ocurrió en Atlatlahucan, uno de los municipios que forman el corredor de terror que integra con Cuautla y Yecapixtla. Una zona donde la extorsión se volvió impuesto cotidiano; donde el cobro de piso se normalizó; donde comerciantes, vecinos y paseantes aprendieron a convivir con hombres armados y camionetas sin placas.

Es tierra de nadie. O peor aún: tierra de alguien.

Lo verdaderamente alarmante es que este nivel de violencia, visible a plena luz del día, hoy sólo puede explicarse con la complicidad de autoridades municipales y mandos policiales. Resulta imposible creer que nadie veía las extorsiones, las amenazas, las desapariciones, el despojo de terrenos y la presencia permanente de células criminales operando sin protección institucional.

Ayer, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reactivó la Operación Enjambre y asestó uno de los golpes políticos más delicados en Morelos: la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; la captura del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; y una orden de aprehensión contra el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián. Hubo más funcionarios detenidos.

Pero detrás de las detenciones hay algo mucho más profundo: la confirmación de que el crimen organizado penetró estructuras completas de gobiernos municipales de Morelos.

El gabinete de seguridad nacional tiene videos donde, según fuentes federales, aparecen al menos Toledano y Corona con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos y con expansión hacia municipios periféricos de la Ciudad de México. La investigación federal no se limita a alcaldes. Nos aseguran que también van contra empresarios de la región que habrían construido fortunas al amparo del crimen: despojo de terrenos, fraccionamientos irregulares, presión contra propietarios y operaciones inmobiliarias protegidas por estructuras municipales corrompidas.

En algunos casos —dicen las investigaciones— quien aspiraba a ser alcalde debía acudir primero a pedir autorización a uno de esos empresarios. En fin, la política subordinada al dinero y el dinero subordinado al crimen.

Y sí: el Cártel de Sinaloa penetró estos municipios mediante financiamiento de campañas, intimidación de adversarios y captura de corporaciones locales. Lo hizo frente a todos, sin esconderse. Durante años. Sin que nadie quisiera tocar el tema.

La infiltración criminal convirtió a esta región en una zona sin Estado. Los grupos delincuenciales operaban con libertad para secuestrar, extorsionar, desplazar, asesinar y controlar economías locales enteras. No eran hechos aislados: era un sistema de actuación cotidiana dominada por el Cártel de Sinaloa.

Por eso la Operación Enjambre representa algo más que un operativo policiaco. Es, quizá, el primer intento serio del Estado mexicano por desmontar las redes de grupos criminales con gobiernos municipales que crecieron durante años bajo silencio, miedo o conveniencia. La estrategia de Omar García Harfuch debe observarse con atención.

Han ido contra alcaldes y funcionarios municipales en el Estado de México, Jalisco y ahora Morelos; además de acciones focalizadas en Tlaxcala, Chiapas, Puebla y Oaxaca. El patrón se repite: gobiernos locales infiltrados para garantizar impunidad territorial a organizaciones criminales.

Hasta ahora han sido detenidos alrededor de 140 funcionarios en distintas fases de la Operación Enjambre. Falta muchísimo. Apenas están rascando la superficie. Pero por primera vez en años, algunos grupos políticos y criminales comienzan a entender que el pacto de protección se les ha acabado.

RADAR

POR CIERTO. Como te comentaba, querido lector, en la mira de la FGR y de la Secretaría de Seguridad también hay empresarios de la región, amantes del golf. No es casualidad que la Unidad de Inteligencia Financiera prepare el bloqueo de cuentas de 32 sujetos: 22 personas físicas y diez morales. El dinero también comenzó a hablar.

Un abrazo para mis amigos de Quadratín