El ministro Juan Luis González Alcántara ha resuelto de la mejor manera la controversia y la incertidumbre que ha acompañado el ejercicio de revocación de mandato. Es una decisión que da cauce a la realización de la consulta, y ofrece certeza de derechos a los ciudadanos para participar y a los integrantes del Consejo General para no incurrir en responsabilidad al incumplir lo establecido en la ley.
La decisión es un alivio a la confrontación del Presidente, su partido y diputados afines, cuando se decidió recortar el proyecto de presupuesto planteado por el INE a la Cámara de Diputados. A finales de diciembre, el Tribunal Electoral ratificó que se llevara a cabo la consulta y ordenó a la Secretaría de Hacienda otorgar los recursos necesarios en el marco de las posibilidades presupuestales y del ahorro adicional por el órgano electoral; la SHCP se negó.
El INE ha enfrentado la hostilidad del Presidente y de sus legisladores bajo el cargo de que ha estado saboteando el ejercicio. Sin el aval de López Obrador, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, llegó al exceso de denunciar penalmente a integrantes del Consejo General. A pesar del significativo esfuerzo presupuestal del INE para aportar parte de los recursos y ante la negativa de la Cámara y del gobierno, enfrentaba la responsabilidad legal por incumplir la ley que determina que la consulta debe tener la misma organización y estructura que la de la elección presidencial.
La decisión del ministro González Alcántara resuelve el problema al determinar que la revocación tenga lugar con los recursos disponibles, con un tercio de las mesas de votación de la elección presidencial y que los consejeros del INE no incurran en responsabilidad por no atender la ley. Con ello, los diputados de Morena y aliados son los responsables de la manera como se haga la consulta.
Es previsible que la controversia política no concluya, porque se anticipa una muy baja participación ciudadana; algunos señalan que no superará 15 por ciento y es muy probable que así ocurra por el reducido número de casillas para votar y su bajo impacto en la participación. Pero, aun con todas las casillas, no se resolvería el tema, porque no hay controversia ni incertidumbre entre los ciudadanos para concurrir a sufragar. En realidad 60 mil casillas son muchas, pero debe cuidarse a las rurales por la dispersión de la población, mientras que las urbanas dan mayor margen.
Hay una desnaturalización de la revocación de mandato. No hay un movimiento, voluntad o corriente que pretenda la terminación anticipada de la gestión del presidente López Obrador. Las firmas que promueven la revocación provienen de quienes quieren hacer del ejercicio una ratificación innecesaria, que no requiere de votación alguna. Fundamento de la promoción del muy costoso ejercicio es el ardid propagandístico bajo la discutible tesis de que la abrumadora mayoría de los mexicanos respaldan al Presidente y a su gobierno ante la merma del poder, característico del ciclo sexenal.
Federico Berrueto
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