Reclamo indígena: Iepac incumple defensoría electoral

MÉRIDA, Yuc., 5 de mayo de 2026— Integrantes de comunidades indígenas y representantes de organizaciones mayas señalaron presunto desacato por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán al no concretar la instalación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, pese a resoluciones judiciales previas.

Durante una rueda de prensa, Juan Bass Tec, integrante de la comunidad maya, afirmó que no existe información clara sobre avances en el cumplimiento de esta obligación.

 “Nosotros no tenemos absolutamente ninguna información de los avances o del trabajo que se está realizando dentro del instituto electoral”, expresó.

El activista cuestionó que, sin la instalación de dicha defensoría, no se puede garantizar una representación efectiva para la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Además, criticó que el instituto haya establecido acuerdos con otras organizaciones sin consultar a las comunidades. 

“No vamos a admitir acuerdos o convenios con organizaciones que ni siquiera han luchado esto por años ¿por qué no nos toman en cuenta?”, señaló.

Por su parte, Sergio Pereira Gamboa, representante del llamado Supremo Consejo Maya, calificó la situación como un acto de discriminación y falta de voluntad institucional.

 “Es una discriminación, pero además es un intento serio de seguir manejándolo a conveniencia de manera interna”, afirmó.

Los activistas indicaron que existe un presupuesto autorizado para la creación de la defensoría, superior a 1.3 millones de pesos, el cual —aseguran— no ha sido utilizado para ese fin. También recordaron que el proceso para su instalación se ha prolongado por varios años sin resultados concretos.

 “La resolución del tribunal vino dirigida a quienes demandamos no se vale que otra organización intervenga”, indicaron.

En ese sentido, señalaron que una resolución del tribunal local que daba por cumplida la instalación fue revocada por instancias superiores, por lo que consideran que el proceso sigue pendiente.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener respuesta en un plazo de entre 15 y 20 días, podrían emprender acciones como manifestaciones o protestas en las instalaciones del organismo electoral. 

Finalmente, informaron que entregarán un oficio al gobernador Joaquín Díaz Mena para exponer la situación y solicitar su intervención, al considerar que la creación de esta defensoría es una demanda colectiva en beneficio de la población indígena del estado.