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MÉRIDA, Yuc., 4 de marzo de 2026.- La Red de Pueblos contra la Minería realizó una protesta para exigir el cese inmediato de las operaciones en los bancos de materiales pétreos que surten a las obras del Tren Maya, debido al despojo de sus tierras, violaciones a las normativas ambientales y daños a la salud y al patrimonio familiar.
De acuerdo con el antropólogo social e investigador Charles Gaillard Rivero, la construcción de estaciones, vías y el ramal del ferrocarril hacia el puerto de altura de Progreso ha detonado una expansión sin precedentes de estos centros de extracción, de los cuales se sabe que hay 65 bancos de materiales desde 2018.
Comentó que estos espacios fueron autorizados desde hace siete años por la ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que todos cuentan con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el uso de explosivos.

“Estos bancos de materiales están funcionando sin cumplir la normativa de uso del suelo. Por ejemplo, no obedecen distancias mínimas que están en el Programa de Ordenamiento Territorial del Estado. Aún así las autoridades las están autorizando y, mientras tanto, los pueblos están sufriendo”, señaló.
Dijo que la Red de Pueblos contra la Minería está conformada por las comunidades de Yaxcopoil; Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Ticimul, Noc-Ac, Cheuman, Petecbiltún, San José Tzal y Texán Cámara, cuyos habitantes han sido afectados con el despojo de tierras de uso común mediante trámites irregulares con ejidatarios, además de deforestación.
Abundó que el daño es ambiental porque las excavaciones superan el nivel del manto freático, contaminando el agua, además de que las detonaciones de dinamita a unos 100 metros de distancia de las casas, están destruyendo su patrimonio. “Las casas se cuartean por las vibraciones. Los esfuerzos de años se están cayendo por los bancos”.

Gaillard Rivero también dijo que la afectación se da en la salud, ya que el polvo generado por las explosiones está provocando severos cuadros de alergías cutáneas y respiratorias, afectando principalmente a adultos mayores e infantes en las comunidades antes ya mencionadas.
Por todo lo anterior, las y los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y determine responsablidades, ya que el cuestionamiento es quién pagará por las casas dañadas, quién repondrá la selva o limpiará el agua, subrayando que el Estado no pude ser omiso ante un desarrollo que sacrifica la libre determinación de los pueblos.




