Reclaman colectivos atención del Poder Judicial

MÉRIDA, Yuc., 29 de septiembre de 2020.- Acceso a su derecho de procuración de justicia e información completa, clara y fidedigna sobre el verdadero impacto que el paso del Tren Maya tendría en sus comunidades, demandan organizaciones indígenas, pues aseguran, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) únicamente da información a medias sobre este Megaproyecto, al que se oponen numerosas comunidades de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Esta mañana a través de rueda de prensa virtual, diferentes colectivos, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Consejo Civil Mexicano para silvicultura sostenible y el grupo Indignación A.C. expusieron la situación que atraviesan en la búsqueda de acceder a recursos legales para protegerse del avance de este megaproyecto en sus localidades, tal es el caso del derecho de amparo, recurso que ha sido negado por las instancias de procuración de justicia en los tres estados de la Península de Yucatán, sin que a su parecer hayan razones de peso y, pareciera, se obedece al intereses de frenar las acciones en contra del proyecto puesto ya en marcha.

“Hay una insensibilidad y una ignorancia del poder judicial hacia las comunidades mayas, estamos en un estado de indefensión y las autoridades no están respondiendo adecuadamente, entonces hacemos un llamado a la sociedad y a las autoridades, organismos internacionales que nos escuchen y que se den cuenta de las violaciones que está cometiendo el poder judicial al negarnos el derecho de amparo, el derecho de protección y de la defensa de nuestro derechos humanos”, señaló Noemí Martínez de Múuch’ Xíinbal.

Por su parte, Guadalupe Cáceres, perteneciente al Colectivo 3 barrios (Santa Isabel, Ermita y Camino Real), en el estado de Campeche y cuya familia lleva viviendo en la zona por donde pasaría el Tren Maya, durante más de 128 años, sería reubicada junto con otras decenas de familias que han interpuesto recursos legales, sin que estos hayan prosperado, buscando permanecer en las casas que han visto pasar generación tras generación en sus familias.

“El poder judicial ha sido silencioso, callado, omiso”, refirió doña Guadalupe sobre el actuar de la autoridad judicial ante sus peticiones, “creo que nosotros como colectivo, estamos viviendo una incertidumbre, una zozobra, miedo, ansiedad y temor, porque aquí hemos vivido, al menos en el caso personal desde hace 128 años, antes de cualquier proyecto ferroviario, mi familia ya vivía acá”, señaló.

En el caso del estado de Quintana Roo, el Juez Primero de Distrito con residencia en Chetumal, se declaró incompetente para conocer un amparo presentado por comunidades mayas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos turnando el expediente al Juzgado de Distrito de Cancún, generando una situación de facto de denegación de justicia.

Los colectivos señalan que “el Poder Judicial Federal pareciera declinar su independencia y se apega a los dictados del poder ejecutivo, para legitimar un proyecto que es a todas luces inconstitucional por violentar el bloque de constitucionalidad de derechos humanos y dejando sin la posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado Tren Maya es contrario a los derechos humanos”.

Ante todas estas situaciones, los colectivos afirmaron es indispensable que el Poder Judicial sea un “verdadero órgano protector de los derechos humanos, que garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan al pueblo, comunidades y cualquier ciudadano impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto”, sobre todo, puntualizaron, luego de los ataques que el Ejecutivo Federal ha realizado contra ellos.