Acata IEPAC sentencia dictada por el TEEY

MÉRIDA, Yuc., 7 de septiembre de 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó el acuerdo por el que se acata la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el Expediente JDC-059/2025 y acumulados, respecto a informar cómo se llevarán a cabo las acciones necesarias para la instalación y funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos-Electorales antes del siguiente Proceso Electoral.

En relación a este tema el Consejero Presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, resaltó que este Instituto ha sido un promotor entusiasta de defender los derechos políticos de la ciudadanía y que esto se ejerza con total plenitud. Sin embargo, acotó, es una realidad de que cualquier política pública que se implemente en el estado tendrá que ser dotada de los recursos suficientes para poder materializarse y en el caso del Instituto ha intentado cumplir con esta obligación que fue impuesta por el Congreso del Estado.

Es oportuno comentar que el Instituto Electoral, desde que se fijó esta obligación por el Legislativo, dijo, ha manifestado presupuestar y hacer las gestiones suficientes para dotar de los recursos financieros y los recursos humanos para la implementación. Lamentablemente, recordó que tanto en el año 2024 como en en el presente 2025 el Instituto tuvo que organizar Procesos Electorales de gubernatura, diputaciones, regidurías, y este año del Poder Judicial.

En el caso de la Defensoría explicó que la sentencia dictada por el TEEY establece que el Consejo General del IEPAC deberá implementar, antes del siguiente Proceso Electoral, la instalación y funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales, con el fin de garantizar la protección de los derechos políticos electorales, de grupos en situación de vulnerabilidad y desventaja histórica, y el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía yucateca.

Por lo tanto, este tema será incluido al presupuesto de 2026 para garantizar que esta Defensoría funcione tal como lo está señalando el Tribunal, antes del inicio del Proceso Electoral 2026-2027.

El acuerdo aprobado por el Consejo General esta tarde señala que, con la finalidad de acatar los efectos de la sentencia en materia de garantía de asistencia jurídica a la parte actora, el Instituto podrá disponer de las capacidades internas a través de la Secretaría Ejecutiva para asignar al personal del propio IEPAC, que cuente con los conocimientos en la materia, para que brinde orientación jurídica, a petición de parte de las y los promoventes de juicios de protección de los derechos políticos electorales.

A partir del Acuerdo que emita el Consejo General de este Instituto, mediante el cual se actualice el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría Ejecutiva empezará los trabajos para el análisis que permita realizar las gestiones necesarias, una vez definida la disponibilidad presupuestal, para contar con los recursos económicos, humanos y  materiales, que servirá de sustento para la planeación y ejecución de dichos recursos, asegurando así que la Defensoría Pública cuente con los elementos mínimos que permitan realizar su instalación y funcionamiento, antes del siguiente Proceso Electoral inmediato.

Aunado a ello, realizará las acciones necesarias para generar coordinación y colaboración con autoridades competentes, organismos internacionales, instituciones educativas, asociaciones de la sociedad civil o cualquier ente imparcial para la realización de la instalación y el funcionamiento eficaz de la Defensoría Pública; lo cual deberá atenderse conforme a la normativa aplicable al momento de la ejecución de las actuaciones.

El Consejo General emitirá los acuerdos y actos jurídicos que resulten necesarios, mediante los cuales se establecerán las disposiciones normativas y el marco reglamentario relativos a la designación del personal que integrará la Defensoría, la definición de sus atribuciones y responsabilidades, así como la asignación de los recursos materiales, tecnológicos y de infraestructura indispensables para el inicio y continuidad de sus funciones previo al inicio del siguiente Proceso Electoral.