Advierten sobre pesca ilegal y piden reforzar la vigilancia

MÉRIDA, Yuc., 30 de enero de 2026.- Ante la relevancia económica y ambiental del sector pesquero en México, especialistas en seguridad y vigilancia industrial señalaron la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control frente a prácticas como la pesca ilegal y otras actividades delictivas vinculadas a esta industria.

Mario Salomón, country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, expuso que la actividad pesquera representa una fuente importante de empleo y producción para el país, con alrededor de 250 mil personas involucradas directamente en labores relacionadas con la pesca. Indicó que, aunque en 2024 la producción nacional registró un crecimiento estimado de 2 por ciento, el valor económico del sector mostró una disminución cercana al 5 por ciento.

El directivo recordó que México cuenta con una amplia extensión litoral, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y el Caribe, lo que convierte a la pesca en una actividad estratégica. En este contexto, estados del sureste como Yucatán y Campeche destacan por su relevancia, mientras que a nivel nacional sobresalen entidades como Sonora y Sinaloa.

No obstante, advirtió que diversas organizaciones ambientales han alertado sobre el deterioro de especies marinas clave, entre ellas abulón, camarón, langosta, caracol, pez vela y pepino de mar, este último de particular importancia en la región sureste.

 "La sobreexplotación y el incumplimiento de vedas representan un riesgo tanto para el equilibrio ecológico como para la sostenibilidad económica del sector", señalo.

Salomón explicó que dentro de las problemáticas detectadas se encuentra la llamada pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

"Esto incluye capturas realizadas sin permisos, operaciones en zonas marinas protegidas y el subregistro de volúmenes reales de pesca. Como ejemplo, en años recientes se han documentado embarcaciones —tanto nacionales como extranjeras— realizando actividades pesqueras dentro de áreas donde esta práctica está prohibida", explicó.

Además del impacto ambiental, señaló que alrededor de la actividad pesquera pueden presentarse otros delitos como contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero y violaciones laborales, lo que amplía el reto para las autoridades encargadas de la vigilancia.

Entre las recomendaciones planteadas, destacó la importancia de reforzar el cumplimiento del marco legal, mejorar la coordinación entre dependencias federales y estatales, e invertir en la capacitación del personal responsable de la supervisión y vigilancia. También subrayó el papel de la sociedad civil en la denuncia de irregularidades y el respaldo a investigaciones que permitan sancionar conductas ilícitas.

En materia de seguridad, indicó que las empresas privadas pueden colaborar principalmente en la protección de instalaciones en tierra, como muelles, bodegas y centros de distribución, mientras que la vigilancia en altamar corresponde a la Secretaría de Marina.

Finalmente, reiteró que la protección de las especies marinas no solo responde a una necesidad ambiental, sino también productiva, ya que la pérdida de recursos pesqueros impactaría directamente a miles de familias que dependen de esta actividad, particularmente en regiones como el sureste mexicano.