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MÉRIDA, Yuc., 11 de septiembre de 2026.- El posible cierre de 12 guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán para el próximo año no solo reduciría los espacios disponibles para el cuidado de los hijos de los trabajadores, sino que también privaría a cientos de niñas y niños de una educación inicial de calidad.
El presidente estatal de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, Elías Dájer Fadel, advirtió que la situación resulta especialmente preocupante debido a que estos centros no únicamente ofrecen servicio de cuidad, sino que cuentan con incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para brindar educación inicial y preescolar.
Recordó que en 2021 en Yucatán había 35 guarderías de este tipo, pero con el amague de 12 estancias de no renovar sus contratos con el IMSS para 2027, solo quedarían alrededor de 11 guarderías en operación, lo que significaría también la pérdida de 360 fuentes de empleo para educadoras de este nivel de educación en la entidad.
Consideró que esta situación afectaría directamente a las madres trabajadores, quienes perderían espacios seguros donde dejar a sus hijos mientras cumplen con sus jornadas laborales, además de representar un golpe para las familias que dependen de estos servicios para complementar sus ingresos.
Sin embargo, destacó que el principal impacto sería para los propios menores, al perder el acceso a un servicio que combina cuidado y formación durante una etapa fundamental de su desarrollo, es decir, no solo se trata de destinar recursos para la operación de estos espacios, sino garantizar que en ellos se den servicios de cuidado y enseñanza.
Dájer Fadel cuestionó que los recursos destinados a las guarderías provengan de las aportaciones patronales, equivalentes al uno por ciento de la nómina de las empresas, por lo que, sostuvo, se trata de dinero generado en Yucatán para atender a las y los trabajadores, así como a sus familias.
De acuerdo con el entrevistado, el cierre de las 12 guarderías más que han cerrado desde 2021 representaría que alrededor de 200 millones de pesos anuales dejen de utilizarse en el Estado para prestar este servicio, recursos que serían enviados al centro del país y no regresarían a la entidad en beneficio de los trabajadores yucatecos.




