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MÉRIDA, Yuc., 19 de junio de 2026.- La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de Yucatán aseguró que las contrataciones de servicios de comunicación, difusión y producción realizadas con la empresa ADN Diferente, S.A. de C.V. se efectuaron conforme a la ley y negó que existan irregularidades en los pagos realizados.
La postura oficial surge luego de diversas publicaciones y señalamientos difundidos en redes sociales, donde se afirma que la empresa habría recibido contratos por al menos 54 millones de pesos de distintas dependencias estatales entre finales de 2024 y 2025, incluyendo el Sistema Tele Yucatán, el Instituto Promotor de Ferias y la Secretaría de Salud.
En un comunicado, la dependencia estatal señaló que todos los contratos fueron celebrados bajo los procedimientos establecidos en la legislación federal y estatal, respetando los criterios de eficiencia, transparencia, economía y rendición de cuentas previstos en la normatividad vigente.
Además, precisó que los pagos realizados corresponden exclusivamente a servicios efectivamente prestados y comprobados documentalmente, entre ellos producción y postproducción de contenidos audiovisuales, elaboración de spots para radio, televisión y plataformas digitales, así como servicios técnicos para campañas institucionales.
Respecto a las cifras que han circulado públicamente, la SAF afirmó que algunos montos difundidos son incorrectos. Como ejemplo, indicó que los registros contables muestran que el Sistema Tele Yucatán pagó a ADN Diferente un total de 15 millones 377 mil 946 pesos durante el ejercicio fiscal 2025, cantidad que, según la dependencia, es menor a la reportada en algunas publicaciones.
Las versiones difundidas también señalan que uno de los contratos más altos habría sido firmado por 27.8 millones de pesos a inicios de 2025 y mencionan presuntos vínculos de un fundador original de la empresa con una red investigada por posibles desvíos de recursos federales. Sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas enfatizó que las operaciones contratadas por el Gobierno del Estado se encuentran debidamente sustentadas y no presentan anomalías.
Finalmente, la dependencia reiteró que toda la información relacionada con estos contratos es pública y puede consultarse a través de los portales de transparencia y la Cuenta Pública del Estado, al tiempo que refrendó su disposición para colaborar con cualquier revisión de los órganos fiscalizadores.




