Indemnización en Sierra Papacal se pagó en 1993: Gobierno de Yucatán

MÉRIDA, Yuc, 1 de abril de 2026.– El Gobierno del Estado informó que la indemnización por la expropiación de tierras ejidales en Sierra Papacal, destinadas a infraestructura de agua potable, fue cubierta desde 1993, con registros de al menos 128 ejidatarios que recibieron el pago y continúan vigentes en el padrón ejidal.

La administración estatal señaló que las manifestaciones realizadas en la comisaría carecen de sustento frente a la evidencia documental y jurídica existente, y subrayó que no corresponden a una falta de atención institucional. De acuerdo con los antecedentes oficiales, en 1990 se solicitó la expropiación de 231 hectáreas de tierras ejidales, y en 1992 se concretó la resolución presidencial que destinó 223 hectáreas para la zona de captación del sistema de agua potable en los puertos de Chuburná y Chelem.

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales estableció un valor unitario de 1.6 millones de pesos por hectárea, lo que representó un monto total de más de 357 millones de pesos. Según la documentación del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), dicho pago fue cubierto en 1993 a favor de los ejidatarios correspondientes.

El Gobierno del Estado destacó que, en congruencia con los principios de justicia social y bienestar comunitario, se han sostenido 13 espacios formales de diálogo con habitantes de Sierra Papacal, incluyendo reuniones en Palacio de Gobierno y encuentros en el propio ejido, con la participación de autoridades estatales, federales y municipales.

Durante estos encuentros se han abordado temas relacionados con el uso de tierras, la infraestructura hidráulica y proyectos de desarrollo regional, manteniendo una política de puertas abiertas y escucha activa. La administración estatal reiteró que su prioridad es preservar la estabilidad social, garantizar el respeto al marco jurídico y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, particularmente el suministro de agua potable.

Finalmente, el Gobierno de Yucatán reafirmó su compromiso con el diálogo responsable y la atención permanente a las comunidades, subrayando que no se permitirán acciones que pongan en riesgo servicios indispensables ni el bienestar de las familias yucatecas.