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MÉRIDA, Yuc., 19 de mayo de 2026.-Integrantes del Colectivo de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Península de Yucatán manifestaron su rechazo a la reforma constitucional al artículo 127, publicada el pasado 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, al considerar que afecta derechos adquiridos de trabajadores retirados del sector público.
Durante una rueda de prensa, Eduardo Negrete Ramírez, Cecilia Navarro Solano y otros representantes del colectivo señalaron que la reforma establece un tope a las pensiones del personal de confianza del sector público, fijado en el 50 por ciento de las remuneraciones de la Presidencia de la República, lo que, afirmaron, impacta a más de 40 mil jubilados operativos, técnicos y administrativos del país.
Los representantes aclararon que no se oponen a la eliminación de las denominadas “pensiones doradas”, pero sí a que la medida se aplique de manera generalizada.
“Estamos en contra de las pensiones otorgadas como prebendas políticas; a favor de las que surgen de derechos y conquistas laborales”, expresaron en su posicionamiento.
Indicaron que la reforma vulnera principios jurídicos como la no retroactividad, el debido proceso y el respeto a derechos adquiridos. Además, señalaron que la disposición excluye a sectores como las Fuerzas Armadas y parte del Poder Judicial, por lo que consideraron que existe un trato desigual.
El colectivo informó que el pasado 16 de mayo entregaron a la presidenta de la República dos solicitudes principales: la suspensión de los efectos administrativos del tope a las pensiones de carrera y la instalación de una mesa de trabajo entre autoridades y representantes de jubilados.
“Hoy el gobierno tomó el dinero de los jubilados, su patrimonio. Mañana, ¿el dinero y el patrimonio de qué otros ciudadanos tomará?”, cuestionaron durante el encuentro con medios.
Los jubilados señalaron que el movimiento se desarrolla a nivel nacional e involucra a extrabajadores de la CFE, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, el Centro Nacional de Control de Energía y otros organismos públicos.
Asimismo, anunciaron que el próximo 25 de mayo participarán en una megamarcha en la Ciudad de México, la cual partirá del Senado de la República hacia Palacio Nacional, con paso por el Poder Judicial, para exigir atención a sus demandas.
Cecilia Navarro, explicó que continúan buscando acercamientos con legisladores y autoridades de distintos niveles.
“Estamos tocando las puertas necesarias”, afirmó, al tiempo que señaló que también avanzan acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
Los representantes añadieron que ya existen propuestas de modificación a la reforma impulsadas por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una iniciativa ciudadana que buscará presentarse ante el Congreso de la Unión.
Respecto al impacto económico de la medida, aseguraron que la mayoría de los jubilados afectados no perciben montos elevados.
“El 95 por ciento estamos abajo de los 200 mil pesos”, indicaron, y precisaron que algunos recortes representarían reducciones de entre el 20 y el 60 por ciento de sus ingresos, dependiendo del cargo desempeñado antes de jubilarse.
También señalaron que, de acuerdo con cifras oficiales, el ahorro estimado por esta medida sería de aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales, cantidad que calificaron como mínima frente al presupuesto federal.
Finalmente, reiteraron que continuarán realizando manifestaciones y actividades de difusión para explicar a la ciudadanía el alcance de la reforma y sus posibles implicaciones para otros sectores laborales.




